Torra infla la cifra de investigados por el 1-O

Las consecuencias judiciales que ha dejado tras de sí el procés son vastísimas. Hay 25 dirigentes políticos y líderes independentistas procesados por el Tribunal Supremo, 40 altos cargos y empresarios investigados por organizar el referéndum, mandos y agentes de los Mossos inmersos en causas penales por su “pasividad” al impedirlo y hasta alcaldes bajo la lupa del fiscal. Un informe de la Generalitat cifra ahora en torno a 800 las personas afectadas por el 1-O; unos números que, se lean como se lean, quedan lejos de los “miles de catalanes investigados” a los que alude de forma recurrente el president Quim Torra.

El Gobierno catalán dio a conocer ayer, coincidiendo con el primer aniversario del 1 de octubre, un informe que repasa al detalle las consecuencias judiciales —de toda clase— que tuvo la celebración del referéndum de independencia, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El texto incluye a los miembros del Ejecutivo procesados por rebelión y malversación, pero también a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que están siendo investigados por el supuesto uso “desproporcionado” de la fuerza en el desalojo los colegios e institutos.

Calcular el número total de investigados por el procés resulta complicado. No solo porque los procesos judiciales están vivos y evolucionan, sino porque las categorías empleadas son dispares. El informe de la Generalitat, por ejemplo, incluye a los 712 alcaldes catalanes contra quienes la Fiscalía General del Estado anunció acciones penales por su apoyo al referéndum. En la práctica, la fiscalía solo abrió pesquisas contra unas pocas decenas y en un plazo razonable deberá decidir, además, si da carpetazo a esos asuntos o presenta querellas contra los ediles por desobediencia.

Incluso, en su día, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña descartó hacer un compendio de los casos ante la dificultad de recabar la información.

La propia Generalitat se muestra incapaz de concretar, en su informe, el número exacto de investigados en algunas causas, en las que se limita a hablar de “diligencias” contra “varias personas”. El documento también contiene algunos errores y datos desfasados. Asegura, por ejemplo, que el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona mantiene investigados a dos policías por lesiones contra votantes, cuando lo cierto es que la cifra es mucho más alta y se sitúa en más de una veintena. En el caso de la investigación sobre el referéndum que lidera su colega del juzgado número 13, el texto cifra el número de investigados en “30”, cuando en realidad hay alrededor de 40.

Ampliando la horquilla y haciendo una suma de máximos —el informe no da una cifra global—, el resultado es que se siguen actuaciones de policiales, judiciales y de la fiscalía contra unas 800 personas por el 1-O. La cifra, en cualquier caso, es muy inferior a la que Torra menciona en sus discursos desde que asumió el cargo de presidente de la Generalitat.

En media docena de ocasiones, Torra se ha referido a “miles” de investigados. El 28 de septiembre, en un tuit dirigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, insistió en esa idea. “Con presos y exiliados políticos y miles de catalanes investigados o procesados por el 1-O (...), ¿quién prioriza el conflicto?” Un día después, en un acto en recuerdo al referéndum en Lleida, Torra precisó que “casi dos mil catalanes han sido investigados y tendrán que pasar por el juzgado”.