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Los partidos negocian contra reloj para salvar sus leyes antes de las elecciones de 2019

La Asamblea afronta la vuelta al trabajo bajo la amenaza del bloqueo por la cercanía de los comicios

Los partidos de la Asamblea negociarán ley a ley para evitar que la proximidad de las elecciones de mayo de 2019 liquide la legislatura bloqueando la actividad parlamentaria. Pese a que competirán por seducir al mismo electorado, el PP y Ciudadanos afirman que su voluntad de aprobar los Presupuestos puede extenderse a la ley de farmacias, la de rebajas fiscales o la de víctimas del terrorismo. Por su parte, PSOE y Podemos lucharán contra el reloj para lograr los apoyos necesarios para aprobar las iniciativas que ya tramitan en la Cámara. Un consenso que difícilmente se alcanzará con la ley del suelo o el estatuto de expresidentes.

Ángel Garrido preside la última reunión del consejo de gobierno de Madrid. Ampliar foto
Ángel Garrido preside la última reunión del consejo de gobierno de Madrid. EFE

La futura batalla electoral pone en peligro lo que queda de legislatura. El riesgo de que los estrategas de los partidos bloqueen la actividad de la Asamblea para impedir que sus rivales logren victorias que les lancen en los comicios rodea de dudas la vuelta a la actividad de la Cámara. Sin embargo, el PP y Ciudadanos avanzan a EL PAÍS su intención de ampliar las negociaciones de los Presupuestos de 2019 a otras leyes que quedan pendientes. Y el PSOE y Podemos mantendrán vivas sus iniciativas tras retomar la actividad parlamentaria con el debate del estado de la región, la próxima semana. Estas serán las negociaciones clave antes de que los comicios de mayo pongan punto final a la legislatura.

Leyes de farmacias y rebajas fiscales. El Gobierno quiere que las 2.866 farmacias madrileñas puedan abrir todas las horas que quieran (con un mínimo de 40 semanales) y atender en sus casas a mayores dependientes o pacientes vulnerables. Igual que ocurre con los Presupuestos, Ciudadanos está dispuesto a abrir una negociación, según fuentes de su dirección. Es también previsible que el Ejecutivo cuente con el voto de su único socio posible en la normativa de rebajas fiscales y en la ley de víctimas del terrorismo, que apuesta por impulsar ayudas económicas, médicas o psicológicas a todas las personas empadronadas en la región que sufran un atentado terrorista —con efectos retroactivos desde 1960—.

Además, el grupo parlamentario popular prevé reactivar la ley de medidas de regeneración democrática —que por ejemplo impediría acumular cargos como los de concejal y diputado— y avanza que quiere llevar a la Cámara una normativa sobre patrimonio histórico.

La LEMES deja de ser una prioridad

La Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, que fue una de las apuestas estrella de Cristina Cifuentes, ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, según fuentes del máximo rango de la Consejería de Educación corroboradas por interlocutores del equipo de presidencia.

El presidente regional, Ángel Garrido, ha dado orden de que la propuesta no vuelva a la Asamblea —donde no pasó su tramitación por un error en la votación de Cifuentes— hasta que se alcance un gran consenso. Sin embargo, PSOE y Ciudadanos ven difícil, por una cuestión de tiempo, lograr un acuerdo: a la legislatura solo le quedan meses de vida.

Ley de salud bucodental y reforma de la Cámara de cuentas. El PSOE buscará apoyos para sacar adelante leyes para proteger a los denunciantes de corrupción; asegurar la atención bucodental y la creación de un programa de atención dental para niños; la transparencia y el acceso a la información pública; la promoción de la educación inclusiva; o la regulación de los regímenes de visitas en familias donde los menores se encuentran bajo tutela de la Administración. Por su parte, Podemos y Ciudadanos han encontrado un escollo difícilmente salvable en la negociación para reformar la cámara de cuentas y asegurar su independencia frente a los partidos —la composición de su dirección— por lo que la formación de Lorena Ruiz-Huerta depende de un imposible acuerdo con PP y PSOE.

Ley del suelo y estatuto de los expresidentes. Aunque el Ejecutivo espera aprobar la ley del suelo antes de que acabe la legislatura, la larga tramitación pendiente y la oposición del PSOE y de Podemos provoca “dudas” en Ciudadanos sobre un texto que prevé menos controles administrativos y cesiones para uso común, y más usos de suelo protegido. Tampoco hay posibilidades de regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad, en el que se pretendía establecer el periodo de incompatibilidad, la indemnización correspondiente y su paso a la actividad privada tras haber dirigido la región. El PP, por su parte, se muestra reacio a apoyar la reforma de la ley del canal de Isabel II que propone Ciudadanos con el objetivo de impedir su privatización. Según el partido que sostiene al gobierno, no es necesario reglamentar algo que no se está planteando.

Modificación del reglamento de la Cámara. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos apurarán hasta el final para intentar modificar por unanimidad el reglamento de la Cámara, vigente desde 1997. De hecho, fuentes parlamentarias esperan acabar la legislatura con “un pleno piloto” que estrene la nueva norma. Los debates más intensos se han centrado en la adopción del voto telemático, la posibilidad de interrumpir los debates por alusiones, la selección de puestos clave de la Cámara, y el fin de la capacidad de veto del Gobierno a las iniciativas de la oposición con coste presupuestario. Que la nueva norma salga adelante o no resumirá las circunstancias en las que los partidos afronten la batalla electoral de 2019: tras un periodo de pactos o una época de guerras soterradas.

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