Proteger la vivienda

Hace dos años, un grupo de organizaciones y movimientos de Barcelona empezamos a trabajar con un objetivo: conseguir que las empresas que extraen rentas inmobiliarias de la ciudad pongan un 30% de la vivienda que construyen o rehabilitan a precio asequible. Esto ya se hace en muchas ciudades, como París, Londres o Nueva York. Pero no hay lugar donde sea más urgente que aquí: mientras la industria inmobiliaria se embarca en una nueva orgía especulativa, los alquileres ya se comen más sueldo que en ningún otro país. La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los más empobrecidos sino a barrios enteros.

A pesar de la confusión generada por aquellos que preferirían que nada cambie, la medida del 30% que hemos impulsado y que los partidos del ayuntamiento deben ratificar en septiembre es perfectamente viable. Desde el punto de vista jurídico, se trata de aplicar lo que dice la Ley del Derecho a la Vivienda, vigente desde 2007 (en consonancia con la Ley del Suelo estatal y la Ley de Urbanismo autonómico). Lean el artículo 17.3: el planeamiento urbanístico permite establecer que la edificación de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda protegida, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de edificios existentes. Si las administraciones se hubieran esmerado en implementar la norma desde hace una década, solo en Barcelona ya contaríamos con 5.000 viviendas protegidas más (y el cálculo no incluye el resto de Cataluña, donde también se puede aplicar). Ninguna novedad: los aspectos de las leyes que benefician a la mayoría se quedan en papel mojado si no hay presión y movilización para hacerlos efectivos. Ya sucedió con las multas a los bancos, que emanan de la misma ley.

Desde la perspectiva económica, la medida tiene también una solidez incuestionable. Cierto: algunas voces se han dedicado a pregonar que la obligación de destinar un 30% a vivienda asequible supondrá pérdidas para promotores e inmobiliarias. Y que, para compensarlo, las empresas aumentarán el precio del 70% restante, hinchando aún más la burbuja. Sin embargo, solo quien desconozca cómo se forman los precios en el mercado inmobiliario puede hacer semejante afirmación: cuando disminuye el precio de venta final de una obra, promotores e inmobiliarias pagan menos por los solares y edificios donde pretenden realizarla. Así, la medida repercutirá básicamente en los beneficios de los propietarios del suelo, rentistas que se benefician de este tipo de operaciones sin mover un dedo.

De hecho, la Ley considera económicamente viable cualquier operación cuyo beneficio sea igual o mayor a la inversión inicial. Teniendo en cuenta que el precio del suelo barcelonés ha aumentado un 60% en los últimos 4 años, resulta casi ridículo sospechar de la viabilidad de cualquier inversión. El menor beneficio procedente de la parte destinada a vivienda asequible se verá más que compensado por el aumento del valor del suelo entre el año de la compra y el momento de la entrada en vigor de la norma.

Barcelona y su área metropolitana se hallan a las puertas de un giro histórico. ¿Con qué argumentos podría cualquier partido municipal justificar el retraso de una norma que extenderá el derecho a la ciudad y evitará miles de expulsiones? No va a solucionar la crisis de la vivienda, pero se trata de una transformación tan urgente y necesaria como estructural, orientada a cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario. Casi 400 pisos regulados cada año, a los que podrá optar el 75% de la ciudadanía, y producidos por empresas privadas. Es lo mínimo que se puede exigir a quien se lucra con un bien fundamental.

No podemos esperar: está en juego el futuro de los barrios y de las generaciones venideras. Queremos el 30%.

Jaime Palomera es miembro del Grupo Promotor de la moción municipal.