La Generalitat aceptará las competencias sobre las VTC si son “plenas”

“Competencias, sí. Una patata caliente, no”. La Generalitat solo aceptará las competencias sobre las licencias de vehículos con conductor (las VTC con las que operan empresas como Uber o Cabify) si son “efectivas y plenas, no una transmisión del problema”, afirmó ayer el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín. Y añadió: “El problema en el que estamos es una herencia de una actuación irresponsable del Gobierno español que nos toca gestionar”.

Gavín se reunió este martes con representantes de nueve asociaciones de taxistas, que están en huelga desde el pasado viernes, para fijar una posición con vistas a la Conferencia Nacional de Transportes que está prevista para este miércoles en Madrid. “Queremos un acuerdo que permita la convivencia entre el taxi y otros servicios tipo VTC sin confrontación”, afirmó.

El portavoz de Élite Taxi y líder de la protesta del sector, Tito Álvarez, celebró una eventual transferencia de competencias, pero insistió en que, además, “en la Ley nacional tiene que poner bien que los ayuntamientos tienen competencias directas para regular la operativa de las VTC”.

Registro de licencias

El secretario aprovechó la reunión para anunciar dos novedades. La primera es que se ha levantado la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del decreto Ley de medidas urgentes para ordenar servicios de transporte de viajeros amparados por las VTC que el Gobierno catalán aprobó en septiembre de 2017.

Este decreto preveía la puesta en marcha de un registro de VTC, donde los propietarios de licencias tendrán que aportar detalles de sus servicios, para evitar que licencias obtenidas fuera de Cataluña operen en la comunidad y capten viajeros en la calle o en aeropuertos o estaciones. La idea es activarlo en septiembre. Y el decreto también contemplaba medidas para impedir la compraventa de licencias VTC en los dos primeros años de adquisición, para evitar la especulación.

La segunda novedad anunciada por la Generalitat es la intención de poner al día la Ley del Taxi para modernizar el sector. La ley es de 2003 el gobierno catalán entiende que ahora toca “modernizarla y consensuar nuevas medidas con el sector para que sea más competitivo”.