Condenada a 12 años de prisión la mujer que mató a una compatriota en Alcorcón

Juliangela Queiroz Amaral, de 37 años y nacionalidad brasileña, tendrá que cumplir 12 años de prisión por matar a su compatriota Sabrina Oliveira de Amorín, de 29 años, el 12 de junio de 2011 en Alcorcón. El presidente de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial, Arturo Zamarriego, considera demostrado que Queiroz utilizó un cuchillo, con el que la causó numerosas heridas por todo el cuerpo. Su víctima murió desangrada en medio del pasillo de su vivienda. No fue hallada hasta el día siguiente, cuando la empleada de hogar fue a trabajar.

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La sentencia mantiene que Juliangela Queiroz acudió a la vivienda de Sabrina Oliveira, situada en el número 70 de la calle de Fuente Cisneros, en Alcorcón. En la mañana del 12 de junio de 2011, cogió un cuchillo con una hoja de 30 milímetros de ancho. Le asestó diversas cuchilladas en las manos, los antebrazos, una clavícula, una rodilla, el tórax, el epigastrio, la cabeza, el cuello, la región cervical y la parte derecha de la cara. La muerte se debió a “una pérdida masiva de sangre”, según el testimonio de los forenses durante el juicio.

El magistrado mantiene en su sentencia que “la autoría de la acusada es incontestable”. “Los informes de los médicos forenses que realizaron la autopsia y que declararon en la vista constataron que la muerte de la víctima fue de naturaleza inequívocamente violenta”, recoge el fallo. A ello se une que no se recogieron pruebas que permitieran determinar la presencia de terceras personas en la escena del crimen. Los especialistas de la Policía Científica sólo recogieron vestigios de ADN que pertenecían a la homicida, a su víctima o a una mezcla de ambos perfiles genéticos.

“A mayor abundamiento, también se recogieron muestras de sangre con el perfil genético de la acusada y de la fallecida en el ascensor, el descansillo del sótano y el vehículo BMW de la víctima”, explica la sentencia. “Ello acredita que la única autora del apuñalamiento fue la acusada, que inmediatamente después se dirigió al garaje para huir en el vehículo de la víctima”, resume el magistrado. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sentencia desestima la versión de la condenada, de que ella perdió el conocimiento tras consumir cocaína y de que, al despertarse en el salón, se encontró a Sabrina con un cuchillo en la mano. Esta la golpeó con una botella, por lo que quedó inconsciente, según su declaración. Cuando se levantó, Sabrina estaba caída en el suelo del descansillo, ya fallecida. Para rechazar su declaración, el juez se basa en el testimonio de los forenses. “Hubo un forcejeo, en el curso del cual la víctima y su agresor se fueron moviendo hasta que la víctima cae al suelo y es rematada. Se trató de un ataque muy violento y sin pausa, en el que la víctima y el agresor debían tener una fuerza similar. Las heridas que presentaba el cadáver en la palma de la mano y en el brazo eran heridas defensivas”, concluye el magistrado.

La fiscal y la acusación particular habían pedido 17 y 25 años de prisión, respectivamente, por un delito de asesinato. Sin embargo, el veredicto del jurado no apreció este delito, pero sí el de homicidio. El juez impone una condena de 12 años de prisión, lo que supone casi el punto medio que permite el artículo 138 del Código Penal (de 10 a 15 años de cárcel). Lo justifica “en la gravedad del hecho, en la especial brutalidad de la acción homicida y en los actos inmediatamente posteriores a la misma”. “En lugar de atender a la víctima, se desentendió, ausentándose precipitadamente del lugar”, critica Arturo Zamarriego. El fallo también recoge una indemnización de 180.000 euros para el esposo de la fallecida, que estaba en prisión cuando se produjo el crimen, y de 20.000 euros para la hermana.

El magistrado reprocha que ninguna de las partes (en especial la defensa o la fiscal) alegara que Juliangela Queiroz sufre un trastorno de la personalidad de tipo impulsivo, con escasa capacidad de autocontrol, que se agrava con el consumo de sustancias estupefacientes. De haberlo solicitado, se le podría haber aplicado una atenuante, con la consiguiente rebaja de la condena. Se habría quedado en unos 10 años.