Esos meses

La historia de estas últimas semanas —como mínimo desde el encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra— se ha teñido, aún entre mil interrogantes abiertos (y aún más después de la delicada situación jurídica y política creada por el pronunciamiento del tribunal de Schleswig-Holstein) de un clima favorable al diálogo y a la apuesta política para la resolución del conflicto catalán. Abundan ciertamente todos los condicionales y todos los condicionantes: ni la situación está resuelta (y no lo estará durante mucho tiempo), ni todavía se sabe a ciencia cierta qué tipo de rumbo cogerán los acontecimientos.

Sin embargo —y así parecen reflejarlo también las encuestas-, el ambiente tanto en Cataluña como en el conjunto del estado registra una creciente hambre de superación de toda una fase de confrontación, de incomunicación y de reafirmación sorda y acrítica de las posiciones de cada uno.

Esta circunstancia puede y debe afectar (a pesar de los pirómanos de un lado y del otro del Ebro, y también de aquellos que se encuentran en diferentes países europeos), la creación de un entorno favorable a la distensión institucional, requisito previo a cualquier posibilidad de volver a hablar de política.

A pesar de ello, este clima de momento ha tenido unas manifestaciones apreciables (por muy simbólicas que puedan ser) en lo que atañe a una sola dimensión del conflicto, que es -para simplificar-, la que se refiere a la relación entre Barcelona y Madrid.

Otra dimensión, si cabe mucho más importante, se refiere a la tensión y al diálogo interno en Cataluña. La política ha dado también en este caso señales que merecerían no ser obviadas: Comunes y PSC han presentado iniciativas parlamentarias exitosas para la construcción de dinámicas de resolución que pasen por un reconocimiento claro de la pluralidad de posiciones y propuestas, y por el planteamiento de soluciones que sean lo más compartidas posible.

Es una tarea también que incumbe a la ciudadanía catalana en su conjunto, a través de la sociedad civil (de toda ella) y del debate público. Se ha empezado a hablar de recoser: es el objetivo más preciado para cualquiera que se defina demócrata ahora mismo en Cataluña.

Hará falta compromiso sincero, imaginación y capacidad de asumir errores del pasado para que no se vuelvan a repetir. Que sea difícil no lo hace menos imprescindible. Ahora bien, uno de los prerrequisitos para poder recoser es intentar codificar una reconstrucción del estrés político y social de los últimos meses que sea mínimamente compartida.

No significa plantear un relato único. Es imposible e incluso poco aconsejable: todo el mundo ha vivido los últimos meses -e incluso los últimos años- de una manera personal e intransferible. Para unos pocos han sido la culminación de sus sueños, para otros un mecanismo de politización (o repolitización) estimulante. Para unos cuantos más han sido una época tensa y negativa. Muchos se han sentido excluidos y atacados, y otros más han contemplado preocupados como los equilibrios tan sutiles de convivencia se tensaban hasta extremos nunca experimentados.

Por lo tanto, no se trata de sublimar las vivencias de cada cual en un relato cerrado y monodimensional. De lo que sí se trata, pero, es hacer un ejercicio de interpretación de nuestra experiencia colectiva reciente que pueda definir un espacio de comprensión válido para una mayoría de la ciudadanía, partiendo del presupuesto del reconocimiento (que no tiene por qué ser aprobación) de la referida multiplicidad de percepciones.

Ciertamente sus coordinadas no pueden ser que básicas, ya que deben poder interpelar una porción mayoritaria de la ciudadanía, partiendo de constataciones que puedan constituir un mínimo común denominador que sin ser ambicioso, pueda ser transversal.

En mi opinión hay dos coordenadas básicas. La primera es la constatación de que hubo una extralimitación de las prerrogativas políticas y judiciales por parte del gobierno central y de la judicatura: por lo que atañe a la ampliación de las atribuciones del Tribunal constitucional y, especialmente, a la aplicación de la prisión preventiva. Y una segunda, que se tiene que explicitar en Cataluña sin matices: el reconocimiento de que los partidos independistas en la pasada legislatura han abusado de sus posiciones institucionales y por eso se tienen que exigir responsabilidades y rectificación.

Seguramente, a ambos lados quedarán los irreducibles, por convicción o por qué creen poder sacar réditos políticos o electorales. Pero lo más importante es que esta lectura mínimamente compartida se pueda hacer, pueda ser debatida, enriquecida y asumida por un cuerpo central de la sociedad y de la política del país.