RTVE como botín

Hay general coincidencia en que uno de los principales aciertos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue establecer una radio y televisión públicas que respondieran al modelo constitucional. El instrumento jurídico que dio soporte a esta etapa fue la Ley 17/2006 que reflejaba los principios que se enunciaban en su preámbulo: profesionalidad, independencia, neutralidad, transparencia, calidad. La clave radicaba en la elección parlamentaria, por una mayoría de dos tercios, de sus órganos de administración y gobierno.

En el preámbulo de esta ley de 2006 se decía que lo dispuesto en la misma “se correspondía con una lógica constitucional íntimamente ligada a la dinámica de nuestro sistema de gobierno”, en definitiva, que los medios de comunicación públicos no debían ser instrumentos del Gobierno de turno sino, dentro del marco de la ley, estar dotados de la autonomía suficiente para que fueran instrumento de la sociedad. Para ello, se decía en dicho preámbulo, era necesario que en sus órganos directivos “participase siempre la oposición”, una regla que constituía “un principio estructural del funcionamiento de RTVE y uno de los fundamentos de la instauración de un modelo de radio y televisión pública, independiente, plural, viable y de calidad”.

Esto duró sólo seis años. El gobierno Rajoy cambió el sistema mediante el Decreto-ley 15/2012 que, alegando más o menos lo mismo que el recién aprobado Decreto-ley del gobierno Sánchez, supuso una vuelta a una radio y televisión de control gubernamental. Quizás ello no se notó excesivamente —si lo comparamos en sectarismo con Catalunya Radio y TV3 la distancia es sideral— debido a la profesionalidad de muchos de sus periodistas, pero el mango de la sartén volvía a estar en manos del ejecutivo.

Sin embargo, al perder Rajoy la mayoría absoluta, se abrió la posibilidad de efectuar una vuelta a los principios que inspiraron la ley Zapatero, estableciendo incluso mayores garantías de calidad, independencia y profesionalidad. En efecto, la Ley 5/2017, de 29 de septiembre pasado, cumplía con todas las exigencias de un buen modelo de medios de comunicación públicos. Pero “del dicho al hecho hay un buen trecho”. A pesar de que se establecían plazos para que las nuevas previsiones legales se cumplieran, los partidos parlamentarios dominantes retrasaron su aplicación. No se nombró a tiempo la comisión de expertos que debía iniciar el proceso y así se llegó hasta el inesperado cambio de gobierno. Parecía que había llegado el momento de aplicar la buena ley aprobada en septiembre pero, según cálculos partidistas, cabía el riesgo de no controlar al director de RTVE.

Así, en lugar de acelerar la aplicación de la ley vigente, está fue derogada “de forma provisional” —y ya sabemos lo que duran las normas provisionales— por un Real Decreto-ley del pasado 22 de junio, totalmente injustificado desde el punto de vista de la “extraordinaria y urgente necesidad” que, según la Constitución, requieren este tipo de normas. Este decreto-ley establece un proceso de nombramientos de la alta dirección del medio público que se ajusta exactamente a la composición del Congreso y del Senado para que salgan elegidos los afectos al Gobierno y las formaciones que votaron a Sánchez en la moción de censura. Cada uno saca tajada de ahí: a Podemos se le da el control del medio público y a los nacionalistas catalanes, a cambio, se les allana la negociación. A cada uno lo suyo.

Las prisas de estos días, los cambios de propuesta del director, las declaraciones de unos y otros e, incluso, la calidad técnica de los candidatos, han sido un espectáculo bochornoso del que los medios han informado con detalle.

La partitocracia se ha impuesto una vez más y la esperanza en que la nueva mayoría parlamentaria impulse una regeneración democrática se ha esfumado. De nuevo, llegar el Gobierno, contrariamente a lo establecido por las normas legales, es obtener con un ilegítimo botín, ocupar cargos que no corresponden al gobierno porque, precisamente, están para controlarlo. También, una vez más, se comprueba que las normas jurídicas se vulneran cuando se está en el poder, a pesar de criticar este comportamiento cuando se está en la oposición. El voto de los ciudadanos es el único recurso para que hechos tan vergonzosos como éste no suceden y los gobiernos respeten las reglas de la democracia. Si no, todo es muy desmoralizante, parece que se comporten igual los “hunos” y los “hotros”, como decía Unamuno.