Una asesora de Carmena dice que la alcaldesa veía legal el convenio del Open de tenis

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nunca dudó de la legalidad del convenio del Open de tenis firmado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, a pesar de que los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y la exconsejera de Madrid Destino Ana Varela, le insistían sobre una supuesta corrupción. La asesora de la alcaldesa Lourdes Menéndez admitió ante la juez que la regidora le dijo: "No hay nada que nos parezca que es irregular ni que creamos que hay que perseguir de manera especial". A pesar de ello, Mato, Mayer y Varela encargaron informes externos para demostrar lo contrario. Ahora están imputados.

Lourdes Menéndez, además de asesora de confianza de Carmena, es magistrada en excedencia y ha tenido que declarar por el llamado caso Open. En teoría, ella fue la persona que recomendó a los dos concejales y a Varela (Madrid Destino es la empresa pública que organiza el torneo) contratar al gabinete jurídico externo de Joaquín de la Fuente para demostrar que el convenio del Open estaba teniendo sobrecostes sin justificar y poder encausar por lo penal al equipo de Ruiz-Gallardón. Al menos, eso declaró Varela. Por eso la juez la llamó a declarar, pero ella relató una versión completamente diferente.

Según el relato de Menéndez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ella consultó el asunto con el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, y con la alcaldesa. Su respuesta fue tajante: "Es un asunto que ha visto la asesoría jurídica [municipal] ya bastantes veces" y no ha encontrado nada, le dijeron. "¿No queréis ni que me lo estudie?", preguntó. "Me dijeron que no. Ahí termina". A preguntas de los abogados de Varela, Menéndez fue muy clara. "Si lo que usted me pregunta es si yo recomendé que encomendaran el asunto a don Joaquín de Fuentes o cosa semejante, la respuesta es absolutamente no". Menéndez recalcó, además, que no avanzó nunca "ninguna opinión" sobre el convenio de tenis.

Varela, nombrada por Mayer durante su etapa en la Concejalía de Cultura, y Mato, que dirigía la Concejalía de Economía, estaban convencidos, tras analizar las cuentas de Madrid Destino, de que la empresa pública pagaba más de lo debido por las instalaciones del certamen de tenis. Por ello, y aunque la asesora de Carmena había rechazado seguir con el caso, los dos ediles de Ahora Madrid decidieron proceder por su cuenta. Eran conscientes de que los abogados municipales no encontraban irregularidad alguna, pero acordaron mantener abierta la investigación mediante la contratación de dos bufetes privados.

"Tenían una disconformidad, digamos, con esos informes de la asesoría jurídica", explicó ante la juez Menéndez, quien asumió que solo comentó que uno de los abogados por los que Varela le preguntó había hecho anteriormente un "magnífico dictamen acerca de un asunto que era litigioso", pero no para Madrid Destino, sino para la Empresa Municipal de Vivienda.

La "disconformidad" de Mato y Mayer con los análisis de los letrados municipales se tradujo en dos encargos a dedo a bufetes privados para que investigaran el convenio del Ayuntamiento con Madrid Trophy Promotion (MTP), la empresa que tiene los derechos de los partidos. Ambos ediles pagaron con dinero de Madrid Destino (aproximadamente 50.000 euros) a los abogados, y lo hicieron sin avisar antes al consejo de administración de esta sociedad. Los informes concluyeron que existían posibles delitos, entre ellos malversación, y apuntaron a los exalcaldes del PP.

El punto álgido de esta historia fue la presentación en 2017 de una denuncia ante la fiscalía, que se filtró a los medios de comunicación días antes del torneo. La denuncia sorprendió a la alcaldesa, que tardó pocas horas en desmarcarse de ella. Dijo no tener nada que ver con ella y la tachó de "error".

La fiscalía archivó finalmente la acusación de Mato, Mayer y Varela contra el Open. Pero los tres se encuentran investigados por haber pagado con dinero público los informes necesarios para acusar a los exregidores del PP.