La juez decidirá si manda a Camps al banquillo tras interrogar a un policía y a un interventor
La Fiscalía acusa al expresidente de malversación y prevaricación en la Fórmula 1
La juez Beatriz Sobremonte, que instruye el caso sobre la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, decidirá si manda al banquillo al expresidente valenciano del PP Francisco Camps después de realizar dos nuevos interrogatorios. Los del inspector jefe del Grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la policía que ha investigado el Gran Premio y un interventor de la Generalitat.
Ambas declaraciones habían sido solicitadas por la defensa de Camps, que está acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación. El exdirigente ha negado haber cometido irregularidades. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que abra juicio contra él.
La instructora señala, en una providencia fechada este lunes a la que ha tenido acceso este periódico, que al respecto "deberá estarse a lo que resulte de las diligencias de prueba previstas para el próximo 13 de septiembre, en que se ha citado en calidad de peritos-testigos" al policía e interventor.
Anticorrupción mantiene que Camps decidió "personalmente" la celebración de las carreras, las pactó con el empresario británico Bernie Ecclestone y decidió que la Generalitat correría con los gastos de organización del evento deportivo, que resultó ruinosos para las arcas autonómicas.
Pero que en vez de hacer que su Ejecutivo contratase con Ecclestone, interpuso a la empresa Valmor Sports, con la finalidad de eludir las normas de contratación pública. Una infracción de la ley que llevó a cabo "pensando en el beneficio electoral" que el Gran Premio "le generaría en las elecciones", según el fiscal.
En un auto dictado este martes, la magistrada acuerda también el archivo del procedimiento contra los otros cuatro imputados, como le había solicitado la Fiscalía. Se trata de la exconsejera Lola Johnson, el expiloto Jorge Martínez Aspar, la abogada y exasesora de Camps Belén Reyero y el que fuera director de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana Nicolás Figueres.
"De todo lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada y por ello es procedente", agrega la juez, "decretar el sobreseimiento provisional" contra los cuatro excargos públicos.
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