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Juego de tronos en el pueblo de los dos alcaldes

El regidor de Hoyo de Manzanares declara el 26 de junio por un delito de usurpación de funciones tras una fallida moción de censura en 2008

José Ramón Regueras, del PIPH, consuela a su compañera de partido María del Carmen Martínez tras la votación del 28 de enero de 2008.
José Ramón Regueras, del PIPH, consuela a su compañera de partido María del Carmen Martínez tras la votación del 28 de enero de 2008.

Los bailes de siglas y los golpes palaciegos forman ya parte del paisaje cotidiano de Hoyo de Manzanares. Un particular juego de tronos capaz de quebrar la calma de la que goza este pueblo de 8.000 habitantes enclavado en la Sierra de Guadarrama. Su alcalde, José Ramón Regueiras (PP), tendrá que declarar el 26 de junio en el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid acusado de un delito de usurpación de funciones. La oposición busca un acuerdo para apartarlo del poder.

Los hechos se remontan a la legislatura 2007-2011. Regueiras, entonces concejal del Partido Independiente Popular de Hoyo (PIPH), presentó en enero de 2008 una moción de censura contra Antonio Antolínez, del PP. La propuesta fue apoyada por PSOE e IU, pero una de las concejales del PIPH, María del Carmen Martínez, votó en contra. Pasados unos segundos rectificó, pero el secretario municipal no tuvo en cuenta la corrección y dio como válida la primera respuesta. La moción fue rechazada. Regueiras presentó un recurso de reposición y el 10 de marzo los concejales enmendaron el error en una nueva sesión plenaria.

Dos ediles del PSOE habían presentado ya un recurso por vulneración de derechos fundamentales. El caso fue estimado por un juzgado, que anuló el resultado de la votación al apreciar que el sentido del voto de la concejal del PIPH fue favorable a la moción. Regueiras accedió al poder en noviembre de 2009. Unos meses más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que la respuesta de la concejal no fue un “lapsus linguae”, sino una rectificación que se produjo tras la interrupción de su jefe de filas, que podría haber influido en su decisión, y estimó que la alcaldía debía volver a Antolínez. Desde entonces, a Hoyo se le conoce como el pueblo de los dos alcaldes.

“Regueiras nos utilizó”

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia del TSJM en febrero de 2010. Sin embargo, Regueiras se mantuvo en el cargo asesorado por un abogado municipal, Javier Cardona, también imputado. “Regueiras nos utilizó. Nos dijo que la sentencia no era firme”, señala Fernando Ontiveros, concejal del PSOE. Su partido entró en el Gobierno tras la moción, pero no terminó la legislatura. “El alcalde rompió el pacto antes de las elecciones para presentarse con el PP. Son luchas internas de ese partido desde el principio”, reconoce. La fiscalía pide ahora dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación para Regueiras por incumplir las resoluciones judiciales y por usurpación de funciones.

De hecho, Regueiras, que no ha querido hacer declaraciones, antes del PIPH, ya había pertenecido al PP, partido por el que se presentó en las municipales de 2003 como número dos, aunque abandonó la formación meses más tarde. Así, volvió a las filas populares en 2011 y ganó las elecciones con mayoría absoluta. Cuatro años después repitió como cabeza de cartel, lo que provocó un cisma en el PP de Hoyo, que había elegido a otro militante como candidato. Esperanza Aguirre le impuso a pesar de estar imputado. La decisión llevó a Javier de Orduña a abandonar el partido para formar Unidos por Hoyo (dos concejales). De Orduña es ahora el principal azote del regidor. Él ha sido quien ha iniciado las conversaciones para presentar una nueva moción de censura. “Regueiras no está legitimado para gobernar”, sostiene José Ramón Mendoza, de IU.

Moción de censura

El 6 de junio se reunieron representantes del PSOE, IU y Unidos por Hoyos: seis ediles de 13 (dos cada partido). Sin embargo, para sacar adelante la moción de censura es vital el voto de la única concejal de Ciudadanos, Elena Talavera, que no acudió al encuentro. “Desde Madrid le han dicho que no toque nada, pero no podemos mantener a un alcalde imputado”, se queja De Orduña.

Talavera, por su parte, se ha negado a hacer declaraciones a este periódico. Elena Talavera era concejal del PP en 2008 y mantiene una denuncia por el asunto de la moción contra Regueiras, para el que solicita tres años de cárcel y una indemnización de 25.000 euros.

La oposición la acusa de sostener al regidor por interés personal, porque desde octubre del año pasado cobra 14.000 euros anuales como asignación fija.  De hecho, es la única concejal de la oposición de Hoyo de Manzanares que tiene esta retribución, ya que el resto de ediles cobran por asistencia a pleno. El futuro de Hoyo pasa por sus manos y por la de un partido (Ciudadanos) que apenas tiene una docena de militantes.

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