La huelga de la justicia redujo a casi la mitad la celebración de juicios

La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia ha provocado importantes retrasos en la actividad de los órganos judiciales, según se desprende del informe publicado este miércoles por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los juicios celebrados en los tres primeros meses del año se redujeron un 40,5% con respecto al mismo periodo de 2017, mientras que el número de sentencias dictadas por los tribunales también han descendido en un 31,1% con respecto al mismo trimestre.

El informe concluye que el impacto de la huelga ha revertido la tasa de litigios en Galicia y la sitúa en unos parámetros “excepcionalmente bajos”, según la estadística nacional, que la devalúa en el último puesto en el conjunto del Estado en el primer trimestre de 2018. Así, en el periodo analizado, la comunidad gallega solo alcanzó una tasa de litigiosidad de menos de 22,1 asuntos por cada mil habitantes por las repercusiones del conflicto laboral que además tuvo como efecto una disminución del 28,1% en el número de asuntos que no pudieron ser tramitados pese a la cobertura de los servicios mínimos.

El bloqueo en los juzgados en cuanto al número de asuntos en tramitación muestra un incremento de un 14,4%, al pasar de 127.803 casos a comienzos de año a 135.913 al final del trimestre. Las previsiones que ofrece la estadística judicial es que el número de asuntos pendientes se incrementará todavía más en tanto en cuanto los procedimientos que aún están sin repartir a los órganos judiciales sean gestionados por los servicios correspondientes.

Con la cobertura de los servicios mínimos en las Audiencias y juzgados, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2018 en la comunidad gallega fue de 59.667, lo que supone un parón de asuntos en primera instancia de casi el treinta por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Del 1 de enero al 31 de marzo sólo se resolvieron 51.042 casos, lo que supone un descenso en la tramitación de expedientes judiciales del 41,2%.

El balance de la actividad judicial y su evolución en las diferentes jurisdicciones muestra que la huelga ha tenido mayor repercusión en los asuntos penales, seguido de los casos civiles y contencioso administrativos siendo los juzgados de lo social los que han acusado un menor impacto del conflicto laboral. Al final del trimestre quedaron 56.889 escritos pendientes de proveer, de ellos 33.008 con más de 30 días de antigüedad. Aparte de los asuntos no repartidos en las distintas jurisdicciones, al inicio de la huelga había 19.320 asuntos pendientes de incoar, de ellos 10.397 eran civiles. Los señalamientos celebrados se redujeron un 40,5% con respecto al primer trimestre de 2017.

La protesta en el sector para reivindicar mejoras salariales arrancó el 7 de febrero y fue suspendida por la mayoría de los sindicatos convocantes el 8 de mayo. Una larga travesía con un elevado coste para los ciudadanos y la Administración de Justicia pero también para los trabajadores, que vieron reducidas sus nóminas por el dilatado paro y con unas mínimas mejoras y expectativas de futuro laborales y económicas.