Ciudadanos y PP quieren regular por ley los símbolos institucionales

Contra el lazo amarillo en los edificios públicos, una ley que lo prohíba. Ciudadanos y el PP han anunciado este martes por separado que impulsarán una proposición de ley, también cada uno la suya, para garantizar la “neutralidad” de los espacios y edificios públicos. Se trata, en definitiva, de que se prohíba que en el Palau de la Generalitat o en el Ayuntamiento de Barcelona, puedan lucir pancartas a favor de la excarcelación de los líderes del procés, como sucede ahora en los dos lados de la plaza Sant Jaume.

Inés Arrimadas, que ha sido declarada formalmente jefa de la oposición, explicó que los símbolos que se exhiban en los edificios públicos han de ser los oficiales y que han de representar a todos los catalanes” y no los que calificó como “partidistas”. Es el caso del lazo amarillo, dijo, que “excluye a millones de catalanes” y provoca “enfrentamiento” entre ciudadanos.

“Son un gobierno de los del lazo y para los del lazo”, dijo Arrimadas, quien trazó un símil para justificar la prohibición de la proposición de ley de Ciudadanos: “A nadie se le ocurriría que a Pedro Sánchez se le ocurriera colocar una rosa en La Moncloa”.

Ni el texto de la ley que impulsa Ciudadanos ni el del PP recoge una relación de los símbolos que se pueden exhibir y los que no. Con todo, Santi Rodríguez (PP), sí explicó que la proposición de ley que impulsa su partido preverá que de manera ocasional y puntual se puedan colgar símbolos en los edificios públicos cuando tengan el consenso de la sociedad. En el mismo sentido que Arrimadas, Rodríguez explicó que lo que pretende el PP es que las instituciones respeten la neutralidad “y no exhiban de forma continuada, como está pasando reiteradamente, sus propias reivindicaciones”.

En el caso de la proposición de ley que impulsa el PP se prevé que la utilización o colocación, aunque sea temporal, de “signos partidistas o símbolos identificables a una determinada ideología o formaciones políticas”, se considere una infracción muy grave y se pueda sancionar con multas de hasta 6.000 euros.