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La fiscalía pide 900 euros de multa a los ultras denunciados por amenazar a Oltra y su familia

La Abogacía de la Generalitat eleva la petición a 1.800 euros para José Luis Roberto, asesor jurídico de España 2000

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

La fiscalía ha solicitado una multa de 900 euros y una orden de alejamiento durante seis meses para los cuatro miembros de España 2000 acusados de un delito leve de amenazas ante la vivienda particular de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. La Abogacía de la Generalitat, que representa a Oltra por su condición de vicepresidenta de la Generalitat, ha elevado la petición de sanción hasta los 1.800 euros para José Luis Roberto, uno de los cuatro denunciados, por tener mayor capacidad económica.

La fiscalía acusa a los cuatro en enjuiciados de amenazas leves, con agravante de discriminación ideológica, de ahí la petición de seis meses de prohibición para aproximarse a Oltra y a su domicilio particular. El juicio por los hechos ocurridos la noche del pasado 18 de octubre ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) y ha quedado visto para sentencia, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Oltra, a su salida de la vista, ha agradecido desde su perfil de Twitter el apoyo recibido: "Muchas gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo y cariño, os he sentido muy cerca. Recordar hoy en el juicio el acoso que sufrí ha sido doloroso pero nunca bajaremos la cara ni dejaremos de trabajar igual que venimos haciendo. Esperemos la sentencia".

El juicio se dirigía inicialmente contra Roberto, identificado en la denuncia interpuesta por la parte perjudicada, y otras dos personas cuya identidad aportó la Guardia Civil a petición de la juez. Pero después de que el juzgado hubiera puesto fecha al juicio, la Abogacía de la Generalitat facilitó el nombre de otra persona, que se incorporó como denunciado al procedimiento y también ha sido juzgado este miércoles.

La juez considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigado con una pena de multa, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, según el cual "el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

La investigación se abrió tras los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, sobre las nueve de la noche, cuando un grupo de personas, algunas de las cuales llevaban la cara tapada con caretas de la película Scream, llegó en coche ante la casa de Oltra, desplegaron una bandera española sobre la que se podía leer "Viva la Unidad de España" y pusieron la canción de Manolo Escobar Que viva España al tiempo que emitían consignas como "Mira, esta es tu bandera" y grababan un vídeo.

Según la denuncia, los ultras corearon, altavoz en mano, comentarios del tipo: "Estamos en casa de nuestra amiga Oltra, de Compromís; hemos venido a ponerle un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la Comunidad Valenciana".

La vicepresidenta ha comentado que "una cosa es una manifestación, una reivindicación" y otra "un acoso" ante su casa que llevó a aumentar la vigilancia en su entorno y a cambiar rutinas diarias de su familia. "Esto no fue una reivindicación. El objetivo de este tipo de actos es asustar y amedrentar", ha insistido, además de subrayar su condición de vicepresidenta. Su abogado y la fiscal han negado que esto fuera un escrache porque "no hay reivindicación política" relacionada con el cargo de Mónica Oltra.

Roberto, que se ha atribuido la idea de ir a casa de Oltra durante una reunión de España 2000, ha explicado que conocieron su domicilio por un miembro del partido que vive cerca. Ha señalado que ir allí fue "una cosa de tipo general", como "un acto festivo", motivado por "el proceso de independencia de Cataluña", en defensa de "la unidad de España" y por la "trayectoria" de la vicepresidenta "en defensa del catalanismo".

Este acto se produjo pocos días después de los incidentes y agresiones protagonizadas por grupos ultras en la manifestación nacionalista convocada el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que este año tenía por eslogan la defensa y apoyo a la lengua valenciana.

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