Acoso en el parvulario

El acoso escolar suele darse en la adolescencia, pero también a edades más tempranas. Incluso en el parvulario. Es lo que ha ocurrido en el caso de un alumno de la escuela pública La Caixa de Barcelona, que sufrió episodios de bullying en P4, P5 y primer curso de Primaria, hasta que finalmente los padres pudieron cambiarle de centro. Un juez ha condenado ahora a la Generalitat a pagar 3.800 euros a los padres del menor por no vigilar con suficiente celo a sus compañeros ni activar a tiempo el protocolo de prevención del acoso escolar.

La sentencia sostiene que hay indicios suficientes de que el menor sufrió un acoso "continuado" durante tres cursos, de 2013 a 2016, siempre en el CEIP La Caixa, en el barrio de Sant Martí. El juez admite que es "infrecuente", pero verosímil, que el bullying se produzca "a cortas edades". Y concluye que "lo preocupante e insólito" es que el centro escolar "no activara un protocolo de actuación contra un posible acoso escolar de un menor pese a la insistencia de la madre". Al tratarse de una escuela pública, la condena se dirige al Consorcio de Educación de Barcelona, integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento.

La Administracion acusó a los padres de inventar el acoso para lograr un cambio de centro

La madre del menor tomó nota, en un diario, de los episodios de hostigamiento sufridos por el menor, que según la demanda incluían "golpes, insultos y amenazas". Una trabajadora social mencionó también ansiedad y somatizaciones. Y una pediatra adscrita al Instituto Catalán de la Salud derivó finalmente al menor a un centro de salud mental ya en 2016. Todo ello pone en evidencia, según el juez, que "alguna cosa extraña" ocurría en torno al menor. Un indicio más de que se estaba produciendo bullying, añade el juez, es que el menor "se apuntara a una actividad de defensa personal". Y pese a todo ello, el centro no activó el protocolo de prevención ni siquiera cuando la madre denunció, en febrero de 2016, dos episodios concretos de "violencia".

Otras víctimas

Los abogados de la Generalitat alegaron, en el juicio, que los padres se inventaron el acoso a su hijo para lograr que le cambiaran de centro educativo. Y citaron a su favor un presunto conflicto con los padres sobre el seguimiento de la dermatitis atópica que sufre el niño, así como un "recorte de prensa genérico" que alertaba sobre esas denuncias falsas. La Generalitat también culpó al menor del conflicto con los compañeros por su "temperamento".

El juez no da credibilidad a las alegaciones del organismo público y sí, en cambio, a la madre. Es "difícilmente creíble", razona, que unos padres "efectúen quejas constantes, continuadas en el tiempo" (durante tres años) y que lo hagan por puro "capricho". También ayudó el hecho de que en la vista declarara la madre de otro menor que también fue golpeado en P4 y tuvo que cambiar de centro. Todo ello denota "cierta inactividad de la comunidad escolar".

La sentencia estima el recurso de los padres contra la decisión de la Administración de no otorgar indemnización alguna a los padres. El juez cree que no puede compensar por daños morales (porque no haysecuelas) pero sí por los daños psicológicos que cree acreditados. A través de la abogada Noelia Rebón, los padres habían denunciado la "nula actuación" del centro. El magistrado asume que la escuela sí adoptó "medidas de seguimiento y vigilancia", pero que resultaron "insuficientes e ineficaces".

En mayo de 2016, mientras cursaba Primaria y tras el visto bueno del inspector, el menor fue finalmente trasladado a otra escuela. Allí está "contento" y sigue sus estudios primarios "sin incidencias relevantes, en especial a nivel psicológico-psíquico", recoge la sentencia.