Casi la mitad de los diputados del PP de Madrid ha dejado su acta en tres años

Con su renuncia al acta de diputada que Cristina Cifuentes formalizó ayer, ya son 21 los parlamentarios del PP que han dejado el puesto que lograron en las elecciones de 2015. La cifra supone el 43% de los 48 escaños de la bancada popular. La mayoría de los cambios (12 casos) se debió al régimen de incompatibilidades puesto en marcha por Cifuentes para evitar la acumulación de cargos. Por verse implicados en supuestos casos de corrupción, abandonaron tres diputados, mientras que el resto lo hizo por motivos diversos. En la oposición los abandonos fueron menores: PSOE, 3; Ciudadanos, 3, y Podemos, 2.

Cifuentes se quejó en mayo de 2015 de que la lista con la que se presentaba a los comicios regionales había sido confeccionada en su mayor parte por Esperanza Aguirre, presidenta del partido en aquellos momentos, y había dejado fuera a personas de su confianza. Solo pudo elegir a Ángel Garrido como número dos —lo nombró consejero de Presidencia y Justicia, y ahora es presidente en funciones—; a Jaime González Taboada, como tercero —ocupó el cargo de consejero de Medio Ambiente—, además de a la entonces alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados, a la que dio la presidencia de la Cámara.

Pero los nombres de los 48 políticos que obtuvieron acta de diputado no duraron mucho. En junio de 2015 comenzó el baile de asientos, que de momento se ha saldado con 21 renuncias. La última, la más inesperada y dolorosa para el partido, la de la propia Cifuentes, que será sustituida por Federico Jiménez de Parga, el número 76 de la lista.

Las primeras cuatro renuncias se formalizaron el 30 de junio del primer año de legislatura. Tres de los parlamentarios salientes dejaron sus escaños al ser nombrados altos cargos del Gobierno regional. Cristina Cifuentes exigía exclusividad en los puestos más técnicos. El cuarto, Borja Sarasola, responsable de la Consejería de Medio Ambiente en la legislatura precedente, se marchó por “motivos personales”. Previamente, el 26 de mayo, había sido imputado por el juez que investiga la llamada trama Púnica (supuesta compra de funcionarios y políticos con fines espúreos).

Miguel Ángel Ruiz, uno de los primeros diputados en renunciar al acta en 2015 para acceder a la Viceconsejería de Medio Ambiente, se vio obligado a dimitir de ese puesto en mayo de 2017 al resultar investigado en el mismo caso. Era la mano derecha del consejero Jaime González Taboada, que también tuvo que dejar la cartera de Medio Ambiente en la primera y única remodelación de Gobierno que acometió Cifuentes.

Otra imputación judicial se llevó por delante al exalcalde de Móstoles y diputado regional Daniel Ortiz en julio de 2017. El juez le llamó a declarar por su supuesta implicación en la Púnica. Fue acusado de adjudicar un contrato de eficiencia energética por 73 millones de euros a la firma Cofely (investigada en el mismo caso) a cambio de un soborno de 746.000 euros. Cuando sucedieron presuntamente estos hechos, Ortiz era regidor de Móstoles. Dos meses antes, la parlamentaria María Josefa Aguado tuvo que abandonar a su acta al ser investigada por la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en las X Olimpiadas Escolares, en 2007.

La dimisión de José Ignacio Echeverría Echániz en diciembre de 2015, después de que saliera a la luz que superaba la tasa de alcohol cuando tuvo un accidente de tráfico en la A-6, fue uno de los casos más sonados. También dejó su asiento en septiembre de 2017 Elena González-Moñux, la parlamentaria que acusó al portavoz del grupo parlamentario, Enrique Ossorio, de acoso laboral. Su falta de asistencia a los plenos —estaba de baja— puso en graves aprietos al PP debido al frágil equilibrio de fuerzas de la Asamblea, donde el bloque PP-Ciudadanos solo supera en un diputado al formado por el PSOE-Podemos. Después de casi un año de conflicto, González-Moñux dejó su escaño para incorporarse como directora general de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom).

Por otra parte, el código ético del PP no convenció al diputado y empresario José Cabrera Orellana, que decidió abandonar el escaño tras 16 años ocupándolo, porque se negó a hacer público su patrimonio.