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El ‘Gran Hermano’ pincha en Las Rozas

El Ayuntamiento gastó 170.000 euros en 40 cámaras de videovigilancia que nunca llegaron a funcionar

Una de las cámaras de videovigilancia instaladas en Las Rozas que nunca han llegado a utilizarse.
Una de las cámaras de videovigilancia instaladas en Las Rozas que nunca han llegado a utilizarse.

En 2015, el Ayuntamiento de Las Rozas instaló 40 cámaras de videovigilancia y puso en marcha un centro para recibir y coordinar las imágenes. Una especie de Gran Hermano, al estilo del que aparece en la novela 1984 de George Orwell, aunque en este caso el objetivo era controlar y mejorar el complicado tráfico de la localidad. El centro nunca llegó a funcionar. La empresa adjudicataria alegó problemas técnicos para no conectar las cámaras que había distribuido por la ciudad. Tras años ignorando el problema, el Ayuntamiento pidió a finales del año pasado la rescisión del contrato, que le ha supuesto un gasto de 170.000 euros. La compañía respondió denunciado su incumplimiento, ya que el Consistorio aún les adeuda 35.000 euros.

El concurso para la instalación de cámaras se convocó en 2013. Se presentaron nueve empresas, pero cinco de ellas fueron descartadas. El contrato fue adjudicado a Elecnor por 205.000 euros. “Se trata de un expediente turbulento. La empresa que consiguió la adjudicación fue retirada del concurso por incumplir el secreto del procedimiento y esta recayó sobre la segunda clasificada, Elecnor, a pesar de que su oferta fue considerada como baja temeraria”, explica Miguel Ángel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Las Rozas. En su opinión “las cámaras están de adorno” y pide solucionar el problema antes de que se instalen otras 61 cámaras.

Una portavoz municipal explica que las nuevas cámaras tendrán un uso distinto: servirán para labores de vigilancia de seguridad ciudadana. Su instalación en el centro del municipio y en el polígono Európolis fue autorizada en febrero por la Delegación del Gobierno. Era la primera vez que se daba luz verde a colocar un sistema de estas características fuera de la capital. El equipo de Gobierno (del PP) asegura que estos dispositivos no tienen nada que ver con los ya instalados y que no van a estar emplazados en el mismo lugar.

“Claro incumplimiento”

La adjudicataria terminó de montar las cámaras que debían controlar el tráfico en marzo de 2015. Los problemas llegaron a la hora de comunicar los dispositivos con el centro de datos. La energía eléctrica no era suficiente y, para solucionarlo, había que acometer unas obras que, según la empresa, no estaban previstas en el contrato. “A la adjudicataria le sale más caro hacer esas tareas que el dinero que les resta por cobrar”, sostienen fuentes municipales.

Un portavoz de Elecnor se defiende: “No teníamos que hacer esa infraestructura, simplemente debíamos instalar las cámaras. Es un problema ajeno a la compañía. El contrato no especificaba nada sobre los puntos de energía. Tras instalar las cámaras resultó que esos puntos estaban distanciados por hasta tres kilómetros, lo que cambia sustancialmente la instalación porque hay que hacer una canalización”. Este portavoz asegura que la empresa lleva años ofreciendo alternativas al Ayuntamiento, sin éxito. Una portavoz municipal, en cambio, cree que “existe un claro incumplimiento por parte de la adjudicataria”, por lo que los servicios jurídicos municipales estudian posibles penalizaciones.

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