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OPINIÓN

Desahucios exprés

Parece ser que lo importante es que prime el derecho constitucional a la propiedad por encima del derecho constitucional a la vivienda.

Protesta de la PAH en la sede del Consorcio de Vivienda de Barcelona.
Protesta de la PAH en la sede del Consorcio de Vivienda de Barcelona.

Para combatir el hambre, se ha levantado la veda de la codorniz. Esa imaginativa línea de pensamiento y actuación es la que han adoptado las fuerzas de la derecha española (PP y Ciudadanos), catalana (PDECat) y vasca (PNV) —que en eso sí hay internacionalismo— para abordar el problema de la vivienda. Han rehuido excelentes ocasiones para pinchar la burbuja inmobiliaria, pero parecen preferir las hojas al rábano. Por eso, en lugar de abordar la falta de vivienda social, se han embozado con su capa justiciera para presentarse ante la sociedad como los defensores de los derechos del pequeño propietario. Para ello han modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando así garantías a la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Es cierto que, cuando se trata de pequeños propietarios, desalojar a okupantes resulta una larga auténtica pesadilla. La medida ahora aprobada acorta de dos años a dos meses la devolución, afecta a propietarios privados, entidades sin finalidad de lucro y propietarias de viviendas sociales. No obstante, la modificación se convierte en sarcasmo cuando solo en Cataluña se estiman en 230.000 pisos las necesidades de vivienda social, hay 65.000 familias en riesgo de exclusión social y el famoso problema de las ocupaciones conflictivas, esas en las que se justifica parcialmente la reforma de la ley, viene a ser del orden del 0,03% del parque total de viviendas (alrededor de 10.000) en toda España (aproximadamente un 10-15% y una ínfima parte en manos de particulares), según datos de los ayuntamientos recogidos por el Institut Cerdà en 2017. Asociaciones vecinales como la de Ciutat Vella han subrayado que en el barrio la mayoría de los famosos narcopisos son propiedad de bancos. A veces, hay medidas políticas que guardan un enorme parecido con el populismo.

PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana, entre otras formaciones, se han opuesto a la reforma de la ley entre otras razones porque no garantiza el realojamiento para las familias vulnerables que sean expulsadas en virtud del nuevo redactado. La izquierda también sospecha que este texto puede ser susceptible de empeorar, pues no faltan quienes apuntan que abre la puerta a fondos buitre o entidades financieras entre los beneficiarios de ese desahucio exprés. Pero hay que dar el beneficio de la duda y esperar que el texto no sea el prólogo, nuevamente, a la ley del más fuerte.

La medida llega apenas un mes después de que PP y Ciudadanos vetaran la proposición de ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la mesa del Congreso con el argumento de que la Constitución habilita al Gobierno para bloquear propuestas que considera contrarias a su política presupuestaria por suponer aumento de gastos o disminución de ingresos. El Ejecutivo de Rajoy estimó el coste de la propuesta de la PAH en casi 90.000 millones para los próximos 20 años. Así que se pospone indefinidamente el control sobre el mercado del alquiler, el combate contra la pobreza energética y la política de vivienda… Lo prioritario en un país golpeado desde 2007 por 695.121 desahucios es legislar sobre el desalojo exprés de las viviendas particulares ocupadas.

El problema ya lo afrontarán sobre el terreno los ayuntamientos. Precisamente hace unos días, la alcaldesa Colau destacó el trabajo de la Unidad contra la Exclusión Residencial que ha evitado un 16% de los desahucios en Barcelona y ha logrado que 218 familias barcelonesas en riesgo hayan podido quedarse en sus domicilios en 2017.

Son victorias pírricas mientras no se reoriente la legislación y se haga una política de vivienda social. Ahora parece ser que lo importante es que prime el derecho constitucional a la propiedad por encima del derecho constitucional a la vivienda. Hay dobles varas de medir y los partidos de la derecha —bien sean republicanos, monárquicos, unionistas, confederalistas o independentistas— se resisten a afrontar un problema que sitúa a España en la cola de Europa. Hay que coger el toro por los cuernos, cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos que el PP modificó en 2013 y dar, en definitiva, señales de querer superar la crisis con un reparto solidario de sus costes. En España se hallan un tercio de las viviendas desocupadas que hay en Europa —3,5 millones de casas— y el 53% de los inquilinos destinan el 40% de su salario al pago mensual de la vivienda, un porcentaje que contrasta con el 27% de promedio en los países de la Unión Europea. Son datos reversibles con las políticas adecuadas, no designios inamovibles de la divina providencia.