Patrimonio rechaza “por insuficiente” el informe arqueológico municipal para ampliar el túnel de Bailén

La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha rechazado el informe arqueológico que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado para ampliar el túnel en la calle de Bailén, según adelanta hoy EL PAÍS. El subterráneo forma parte de la operación urbana que el Consistorio de Manuela Carmena quiere llevar a cabo en el área comprendida entre la plaza de España, el palacio Real y la cuesta de San Vicente.

La Comunidad de Madrid solicitó en julio pasado al Ayuntamiento un informe arqueológico de la zona, que el Consistorio remitió hace unos días y que, en opinión de la Dirección General de Patrimonio, es “insuficiente”. Por ello, le ha solicitado uno completo y ampliado que defina los valores arqueológicos del área, posiblemente la más importante de la capital.

El área que rodea el Palacio Real siempre ha sido una de las prioridades de la Comunidad, ya que en ella surge Madrid. El emirato de Córdoba levantó en el siglo IX el desaparecido alcázar árabe, a partir del cual se fue desarrollando la capital. Sus restos, los de la muralla defensiva que lo rodeaba, los de las edificaciones posteriores que se levantaron sobre él, como el también desaparecido alcázar de los Austrias, quedaron soterrados con la construcción de la plaza de Oriente durante el reinado de José I Bonaparte. Por lo tanto, cualquier actuación sobre el subsuelo, además de contar con los pertinentes permisos de Patrimonio, debe estar sometidas a un “control permanente y exhaustivo”, según ha acordado la comisión.

Cuando en los años noventa, el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, decidió abrir el actual túnel de Bailén se realizaron numerosos hallazgos, de los cuales solo queda visible una torre del antiguo alcázar árabe tras una cristalera del aparcamiento subterráneo de la plaza. El resto fue destruido para abrir el subterráneo y el estacionamiento.

Ahora, la Comunidad no quiere repetir aquella situación, que levantó una fortísima polémica entre los expertos. La Comunidad, no obstante, sí que ha aprobado la propuesta remitida por el Ayuntamiento para conectar la cuesta de San Vicente y los Jardines de Sabatini, ya que el Consistorio “acata las prescripciones técnicas fijadas el pasado mes de julio por la Dirección General de Patrimonio Cultural respecto al cerramiento”.

En concreto, Patrimonio ha impuesto que el muro de contención que actualmente separa Sabatini de la cuesta se mantendrá, ya que el Ayuntamiento quería derribarlo y crear un talud. Para salvar la diferencia de altura entre la calle y el jardín se deberán instalar un “ascensor oculto, solo visible sobre rasante en la cota superior y con cabina acristalada con mínimo impacto”. Con esta solución, señala la comisión, “no se alterará la escalera que salva el muro y que fue diseñada por Fernando Mercadal y, por tanto, tampoco se sustituirá dicho muro por el talud vegetal que el Ayuntamiento de Madrid había incluido en su propuesta inicial.

Lo que cambiará de ubicación es el monumento a la condesa de Pardo Bazán, que será trasladado 60 metros hacia al norte para darle más preeminencia. Algo parecido a lo que les pasará a las palmeras y olivos que se hallan en el entorno del monumento a Miguel de Cervantes, que se replantarán en la cuesta de San Vicente.

Por su parte, el Ayuntamiento, el promotor de las obras, niega esta información. Asegura que el informe arqueológico nunca pudo ser “rechazado por la Comisión Local de Patrimonio porque dicho informe jamás se ha presentado a esa comisión”. El informe, aseveran, “fue remitido a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, con la que los tecnicos municipales y suyos se han reunido para estudiar el informe y ver en qué se puede mejorar y ampliar, pero en ningún momento ha sido rechazado por ningún órgano ni Administración”. El Consistorio sostiene que en la reunión de la comisión de hoy  “en ningún punto del orden del día ni se trató ni se rechazó nada referente al informe”.

La Dirección General de Patrimonio, sin embargo —el máximo órgano decisor en cuestiones de protección monumental y arqueológica— se reafirma en sus manifestaciones: hay que rehacer el informe arqueológico ante su “insuficiencia”.