Fomento pide al juez que declare ilegal la huelga “política” del 8-N en Cataluña

La huelga general del pasado 8 de noviembre en Cataluña, convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC, ha llegado este miércoles a juicio. Fomento del Trabajo considera que se trató de una huelga "política" y no laboral y reclama que se declare "ilegal". La patronal catalana ha pedido, en la vista, una indemnización de 100.000 euros al sindicato y a los miembros del comité de huelga, por los daños y perjuicios causados durante aquella jornada.

En la vista, celebrada en la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la patronal ha recordado los argumentos de su demanda y ha subrayado que la huelga debe ser declarada ilegal porque tuvo una clara "motivación política". Fomento ha reprochado a Intersindical que convocara una serie de días de huelga general con el pretexto de defender derechos laborales y de "desconvocar" después esas jornadas hasta limitarla al 8 de noviembre. La fiscalía se ha opuesto a la petición de Fomento, aunque solo por motivos "formales", al entender que el asunto debe dirimirse en la jurisdicción contenciosa.

Durante la jornada de huelga -de la que se desmarcaron los sindicatos mayoritarios- se produjeron más de 60 cortes de carreteras y también se interrumpió la circulación de trenes AVE en la estación de Sants. Esas circunstancias confirman, según la patronal, que se trató de una huelga política. Fomento ya intentó, sin éxito, que el TSJC suspendiera la huelga de forma cautelar. La jornada, en cualquier caso, causó "daños y perjuicios" a las empresas que integran Fomento por valor de 100.000 euros.

En caso de condena, el sindicato y los miembros del comité de huelga -que se han sentado en el banquillo de los acusados- deberían abonar esa indemnización. El abogado de Intersindical-CSC ha rechazado la demanda de Fomento, a la que ha acusado de "promover la fuga de empresas en Cataluña". El letrado ha admitido que "toda huelga general tiene un componente político" y que el paro se produjo "en un contexto político y social muy determinado". Y ha insistido en que se trata de un "derecho fundamental".

La defensa ha alegado cuestiones formales y ha cuestionado el planteamiento de la demanda; por ejemplo, la falta de rigor al valorar los supuestos daños a las empresas. Durante el juicio, unos 50 simpatizantes del sindicato han protestado frente al Palacio de Justicia.