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Los Ayuntamientos catalanes acusan la falta de Govern

El vacío de poder afecta a las cuestiones más variadas de la vida de los ciudadanos

Carles Puigdemont, con diputados de Junts per Catalunya, en Berlín.
Carles Puigdemont, con diputados de Junts per Catalunya, en Berlín.

Seis meses después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los Ayuntamientos catalanes están notando ya la falta de Govern y el consiguiente vacío de poder para la toma de decisiones políticas que afectan a las cuestiones más variadas de la vida de los ciudadanos. Alcaldes de varias formaciones políticas explican que es urgente acabar con esta interinidad y que se restablezca el diálogo entre los Consistorios y la Generalitat

“El día a día funciona, se puede ir avanzado en algunos proyectos, pero llega un momento en el que la decisión política depende de un consejero y ahí surge el lío”, explica Núria Marín, alcaldesa socialista de L’Hospitalet (Barcelona). A modo de ejemplo cita el proyecto de construir un hospital general en esa ciudad, que ha quedado en punto muerto. “Necesitamos un Gobierno que tome decisiones, porque hay asuntos que los técnicos no pueden resolver”, dice Marín.

Cualquier Ayuntamiento catalán tiene necesidad de que se ponga fin al vacío de poder actual y a esa falta de interlocutores. Los alcaldes coinciden en que el Gobierno del PP se ocupa de las cuestiones más simbólicas relacionadas con el proceso, pero no baja a la arena de esas cuestiones locales, al margen de la lentitud añadida que supone para cualquier tramitación que las decisiones se tomen en Madrid.

El control de los consorcios de Barcelona

C. BLANCHAR.

Los cuatro consorcios de Barcelona (Educación, Servicios Sociales, Vivienda y Salud) con representación de las tres Administraciones han pasado a estar bajo el control del Gobierno central, lo que ha ralentizado algunos trámites o decisiones, explican fuentes municipales. La lista de afectaciones concretas por el 155 es larga: desde retraso en convocatorias de empleo hasta que la Generalitat no está resolviendo nuevos expedientes de la renta de ciudadanía o que se ha paralizado la inversión en nuevos centros educativos, enumeran en el Ayuntamiento.

En Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por ejemplo, se está tramitando un plan especial para el puerto y los centenares de páginas del proyecto ya redactado se han de traducir al castellano. En esa misma ciudad, por ejemplo, está pendiente de que se nombre un titular de Salud para formalizar la fusión de los consejos sanitarios de las comarcas del Garraf y del Alt Penedès, pendiente de aprobación.

David Saldoni, alcalde de Sallent (Barcelona) y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), se muestra contundente. “Se ha producido una ocupación institucional del poder que afecta a las subvenciones, convenios, autorizaciones o cesiones. El problema es que no hay interlocutor porque no puedes llamar al ministro de turno”, relata.

Un ejemplo que relata el alcalde de Sallent es la cesión al Ayuntamiento por parte de la Generalitat de la antigua carretera que atraviesa el pueblo. “Está toda la documentación preparada para que la firme el consejero, pero no hay consejero”, explica.

De esa cesión depende la rehabilitación de un barrio, instalar un ascensor y que Sallent se beneficie de una subvención de 700.000 euros al amparo de un plan que elaboró el Govern destituido. “Es un dineral para nosotros”, dice el alcalde. En su opinión, la responsabilidad es del PP y no de la estrategia de los grupos independentistas, como piensan otros regidores, por presentar un candidato a la investidura incapaz de haber sido elegido por el Parlament.