Las palabras se demuestran con los hechos

En los últimos días asistimos a una polémica sobre el uso y abuso de los contratos menores en el Ayuntamiento de Madrid. La contratación menor, que supone en la práctica la libre elección del contratista para trabajos o servicios por debajo de determinadas cantidades, debería ser un procedimiento excepcional en el marco de la contratación pública. Sin embargo, vemos cómo su uso se ha generalizado en el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Durante el último gobierno del PP se reforzaron los mecanismos de control de la contratación menor y se introdujo la obligatoriedad de solicitar tres ofertas, así de como de justificar la necesidad de este procedimiento de contratación con la finalidad de garantizar que no se tradujera en la arbitraria elección de contratistas.

Pues bien, el 28 de marzo y en plena Semana Santa, el actual equipo de gobierno acordó derogar esta instrucción del año 2012 bajo la excusa de eliminar obstáculos burocráticos. Sin embargo, lo que va a posibilitar dicha derogación es regularizar la forma de llevar a cabo la contratación menor por parte del ejecutivo municipal, que se ha traducido en un incremento exponencial desde el inicio de su mandato y que se ha caracterizado, precisamente, por adjudicaciones directas a personas o entidades afines.

Han sido casos llamativos los 35.000 euros adjudicados sin publicidad ni concurrencia al portavoz del 15-M, el contrato adjudicado en las mismas condiciones para la peatonalización de la calle Galileo a una empresa fundada por la actual directora de comunicación de la EMT y los contratos adjudicados a empresas que han participado de la organización de los congresos de Podemos.

Prueba de la inequívoca voluntad de este equipo de gobierno de impedir la fiscalización y control es que el mes de febrero de 2016, a instancias del Grupo Municipal del PP, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó que estos contratos se fiscalizaran por la Comisión Especial de Vigilancia de las Contrataciones. Aunque, más de dos años después, el Gobierno Municipal sigue incumpliendo este acuerdo plenario y evitando esa fiscalización.

El compromiso con la legalidad y la transparencia de este gobierno, del que tantas veces ha pretendido hacer bandera, es papel mojado vista la trayectoria de opacidad, arbitrariedad y trato de favor con la que, mediante la contratación menor, quiere construir una red clientelar en la ciudad de Madrid.

Dentro de un año, con el PP en el gobierno de la ciudad de Madrid, se acordará inmediatamente restringir la contratación menor, así como la necesidad de que vuelvan a figurar tres ofertas en todos aquellos procedimientos de contratación que tengan esta naturaleza.

Las palabras se demuestran con hechos.

José Luis Martínez-Almeida es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid