El campus donde nadie sabía nada

El Campus de la Justicia —un macroproyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre para reunir en el barrio de Valdebebas todas las sedes judiciales madrileñas y que nunca se llegó a levantar a pesar de arrastrar 90 millones en pérdidas— fue también una descomunal fábrica de contratar directivos. Según un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, con una plantilla laboral formada por una secretaria y un administrativo, contaba con un consejo de administración de nueve personas, además de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un consejero delegado y director general, un director adjunto, un director de Expansión y Comunicaciones, un director de Asesoría Jurídica, un director del Área Financiera, un director de Publicidad, un responsable de Relaciones Internacionales, un director de Seguridad y dos subdirectores de área. Además, y a pesar del despliegue de responsables de seguridad y de que esta materia estaba externalizada en una empresa privada, el complejo sufrió el robo de sus ordenadores y teléfonos móviles.

Los auditores señalan, además, que no les fue “fácil determinar si el personal era el adecuado o no, ya que se desconocen las funciones concretas por las que fueron contratados”, teniendo en cuenta que se pagaron más de 132.000 euros en “consultas contables y laborales” para ellos, lo que hace pensar que el personal “estaba escasamente capacitado para el trabajo administrativo habitual”. De hecho, cuando los fiscalizadores públicos reclamaron toda la documentación sobre la “actividad económico-financiera” de la sociedad, “lo cierto es que la persona designada (a pesar de su buena voluntad), carecía de los elementales conocimientos técnico-financieros para poder resolver cualquier tipo de cuestión”.

¿Y cuánto cobraba la extensa plantilla? Los auditores no lo tienen claro porque no hallaron “ninguna tabla salarial ni ningún documento análogo que fijase los emolumentos de los empleados”, pero calculan que unos 5.000 euros de media mensuales. Tampoco fueron capaces de determinar quién les contrató (era una empresa pública) y por qué cada año cobraban más y más. El director técnico empezó ganando 43.999 euros en 2005 y terminó con un sueldo anual en 2008 de 102.637 euros. La única secretaria también mejoró su salario de 8.756 a 22.024 euros en 2009.

Cuando cerró el campus, todos fueron indemnizados, si bien se “hace imposible calcular los importes que correspondería abonar”. Por ejemplo, los auditores no se explican por qué a un director adjunto de Seguridad, que trabajó un año, se le dio de indemnización cuatro nóminas y no se le practicó ningún tipo de retención fiscal ni de Seguridad Social, cuando lo que le correspondía era el sueldo de 20 días. Al director general (el máximo responsable), se le abonaron 33.277 euros como “indemnización por ausencia de preaviso en el despido”, ya que en teoría no sabía que su propia sociedad iba a cerrar.

Tanto llamó la atención la manera en que fueron despedidos los altos argos, que el informe detalla una a una sus salidas. Al director de Expansión, por ejemplo, que ganaba 4.412 euros, se le concedieron unos “salarios de tramitación” de 6.005 euros y una indemnización de 5.834 euros. Pero al final, se le abonaron casi 1.500 euros más y los fiscalizadores se preguntan por qué. A un subdirector técnico se le concedieron 21.948 euros, a pesar de que acudió a un juzgado a reclamar más dinero. No se sabe qué pasó en el juicio (si lo hubo) porque “no hay documentación”. Lo único claro es que, con posterioridad, se le abonaron otros 21.318 euros más. A este mismo alto cargo se le pagó el “Máster Executive MBA” por valor de 37.000 euros —cuando ya había sido despedido—, una cantidad que incluía una donación del ejecutivo destituido al centro educativo de 1.050 euros. Los auditores afirman que esto no tiene justificación posible.

El director técnico fue indemnizado con 45 días por año —en vez de los 20 legales—, “lo que indica que para salvar las apariencias se le ofrecieron solo 20 para reconocerlos con posterioridad en conciliación”. Al director financiero, con un sueldo de 5.100 euros mensuales, le indemnizaron con 64 días por año trabajado. Al director de Seguridad, que cobraba 6.000 euros mensuales durante dos años, le indemnizaron como “si hubiese trabajado cuatro”. Y eso que los móviles y los ordenadores nunca fueron hallados.