Condenado el exjefe de Consumo de Mas por irregularidades en un contrato

El exdirector de la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat, Alfons Conesa, ha reconocido que adjudicó de forma irregular un concurso público a un despacho de abogados de Barcelona en el que había trabajado su hijo. Conesa, que fue nombrado para el cargo por el expresident Artur Mas en 2011, ha aceptado una condena de seis meses de suspensión de empleo público tras alcanzar un pacto con la fiscalía.

Comisiones Obreras denunció a Conesa en enero de 2013 tras detectar supuestas irregularidades en el contrato adjudicado por la Agencia Catalana de Consumo, el organismo público que vela por los derechos de los consumidores. En plena oleada de reclamaciones por las participaciones preferentes que los bancos endosaron a sus clientes, Consumo se puso manos a la obra. Pero en vez de asumir directamente la tarea de asistir a los usuarios, encargó a una empresa externa un servicio para “analizar y evaluar” las demandas de las personas atrapadas por las preferentes.

Conesa (padre de la presidenta de la Diputación de Barcelona, la convergente Mercè Conesa) utilizó el procedimiento “negociado” para adjudicar el concurso, que permite escoger entre diferentes empresas de un mismo sector. La ganadora resultó ser el despacho AGM Abogados, en el que había trabajado su hijo, del mismo nombre.

Pero según la denuncia del sindicato, hubo trampa: Consumo facilitó al bufete información privilegiada que le permitió hacerse con el concurso. Como prueba, CC OO subrayó en su denuncia que, un mes antes de la adjudicación, AGM ya estaba trabajando en el proyecto y había reclamado, a través del portal Infojobs, una veintena de puestos de abogado para prestar el servicio.

Fuentes del despacho de abogados matizan, sin embargo, que Consumo les contrató en un primer momento de forma directa. “Conesa hijo ya no trabajaba aquí, no estaba en la plantilla. Le dijo a su padre que la empresa podría prestar ese servicio, pero no cobró ni un duro por ello”, agregan esas fuentes. Fue después cuando, precisamente para ocultar esa adjudicación a dedo, el director alteró el contenido de ciertos documentos. La sentencia aceptada por Conesa le condena, de hecho, por un delito de falsedad de certificados. La resolución subraya que el exdirector “alteró conscientemente la realidad de los datos” aportados sobre el concurso público. Por ejemplo, “certificó” que Consumo había iniciado los contratos con diversas empresas en enero de 2013, pese a ser “plenamente consciente” de que “no mantuvo contacto ni negociación alguna con otros despachos de abogados”. Conesa también sabía que los tratos con AGM se habían iniciado entre noviembre y diciembre de 2012.

De CC OO a Antifraude

El sindicato elevó el caso a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que tras una investigación apreció indicios de delito y elevó el caso a la Fiscalía. El fiscal tomó inicialmente declaración a tres personas del despacho como investigadas, aunque finalmente no las acusó.

La Autoridad Catalana de la Competencia abrió, en paralelo, un expediente sancionador contra el despacho de abogados por “presuntas conductas prohibidas” por la ley de defensa de la competencia. En concreto, “coordinaciones en la presentación de ofertas” para la licitación del conccurso público. El despacho solicitó que se suspendiese el expediente por estar pendiente de un proceso penal, a lo que finalmente Competencia accedió. Ahora, con la sentencia de conformidad —que es firme—, puede volver a abrirse el expediente.

Consultada sobre el alcance de las irregularidades en el servicio adjudicado por Consumo, la abogada de Conesa no ha querido hacer declaraciones.