L’Hospitalet empezará a cubrir la Gran Via en Bellvitge en 2019

La aplicación del artículo 155 no afecta al plan porque la redacción de los proyectos se licitó en mayo

Uno de los tramos ya cubiertos de la Gran Via de L'Hospitalet
Uno de los tramos ya cubiertos de la Gran Via de L'HospitaletMassimiliano Minocri

El plan de cobertura de la Gran Via en L’Hospitalet cumple, a pesar de todo, con el calendario previsto. La parálisis administrativa por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no ha retrasado los plazos de ejecución del proyecto estrella del Ayuntamiento de L'Hospitalet: la cobertura de la Gran Vía entre las vías de la R2 y el río Llobregat, frente al barrio de Bellvitge. Las obras comenzarán, según la previsión, en el primer semestre de 2019, y el consistorio espera acabar la urbanización del primer sector en 2022.

Es la transformación más grande en marcha en la ciudad. El proyecto afecta a una superficie de 994.000 metros cuadrados, el 8% del municipio. Prevé la construcción de torres de oficinas y hoteles en el espacio que se gane con la cobertura y en los terrenos de Can Trabal, la última zona agrícola de la ciudad. El objetivo del consistorio es que en estos nuevos edificios se instalen empresas del sector biomédico aprovechando la cercanía de los hospitales de Bellvitge y el Duran i Reynals, además del campus de medicina de la UB. Es decir, seguir con el proyecto que inició el exalcalde Celestino Corbacho en la plaza Europa y hacerlo llegar hasta el río. El teniente de alcalde de economía, Francesc Belver, asegura a EL PAÍS que ya se han producido contactos entre algunas de las empresas del sector y el consistorio para su futura instalación.

La propuesta está en marcha tras la aprobación por parte de la Generalitat. La previsión pasa por que la redacción de los proyectos finalice en verano de 2018. No cuenta, sin embargo, con consenso político, porque la oposición en bloque rechaza el proyecto. El portavoz del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento, Antoni Garcia, reclama que se constituya una mesa de diálogo para abordar el futuro del plan en la que se sienten los principales actores representados. ERC, CUP y Canviem (coalición que integra a ICV, EUiA y Pirates) han llevado su rechazo más lejos, hasta la vía judicial: han presentado sendos recursos contencioso-administrativos para intentar frenar por esa vía la ejecución del proyecto. El contencioso conjunto de ERC y la CUP ha sido admitido, pero todavía están pendientes de que les llegue la documentación pertinente para poder seguir adelante con ello. Garcia explica que “no les habría gustado llegar” a la vía del contencioso, pero que la han emprendido para evidenciar la falta de apoyos.

Oposición de ERC

Garcia advierte de que un eventual Govern liderado por ERC paralizará el proyecto tal y como está concebido ahora. ERC se opone al desarrollo de torres en el sector de la zona agrícola de Can Trabal, pero ve con buenos ojos la cobertura de la Gran Vía y el clúster biomédico. La oposición de la CUP, sin embargo, es total. Fuentes del grupo municipal han explicado que ven el proyecto como especulativo y que puede afectar a nivel medioambiental a la ciudad. Alertan, además, de que las obras se harán sobre uno de los acuíferos de la zona del Baix Llobregat. Las mismas fuentes insisten también en que el proyecto no cuenta con un consenso suficiente. “A nivel político no hay consenso”, reconoce Belver, que sin embargo rechaza que haya intereses especulativos detrás. “Lo que hacemos es pasar de unos terrenos baldíos a un techo económico. No hay ni un metro de viviendas, no entiendo ese criterio”, responde. Belver rechaza que el proyecto en su conjunto se someta a votación entre los ciudadanos. Sí que debatirán, afirma, los futuros usos del parque, en un proceso participativo que prevén que se desarrolle a lo largo de 2018.

La asociación de vecinos del barrio de Bellvitge está de acuerdo con el proyecto y fue admitida una enmienda que presentaron para desplazar algunas de las edificaciones. La mayor oposición por parte vecinal viene de la asociación de vecinos independientes y de la plataforma No més blocs. Esta plataforma se constituyó en 2015 con el fin de parar el proyecto. Alegan que está hecho desde los despachos y no ha contado con participación vecinal. “El PDU es vender la ciudad a las empresas", afirman fuentes del colectivo. Consideran que la ciudad debe avanzar hacia otros modelos económicos que no se basen en las operaciones inmobiliarias. Desde el colectivo han decidido no emprender acciones judiciales porque creen que es tarea de los partidos y ahora apuestan por “dibujar entre todos” el proyecto para ver “qué necesidades tiene la ciudad”.

Desde la Asociación de Comerciantes de Bellvitge lamentan el poco consenso con el que se ha impulsado el proyecto. "Nuestra opinión es irrelevante. Por mucho que digamos lo que pensamos al final harán lo que quieran", lamenta el presidente, Juan Carlos Pérez. La asociación cree que los rascacielos acabarán invisibilizando al barrio y no atraerá visitantes. "No lo vemos claro. Hasta que no veamos las empresas que se instalan no sabremos si dará empleo al barrio", afirma Pérez, que recela de que no se acabe instalando un centro comercial en los terrenos, aunque desde el consistorio niegan que vaya a ser así. Belver afirma que "es inviable" que se instale una gran superficie comercial porque no hay metros suficientes, pero sí que reconoce la posibilidad de que en alguno de los locales se instale un hipermercado. 

El Parlament pidió su paralización

El Parlament aprobó una resolución conjunta de Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP el pasado mes de mayo en el que se instaba al Govern a paralizar el proyecto. La resolución era de carácter no vinculante y el por entonces consejero de Territorio, Josep Rull, se mostró partidario de “reorientar” el proyecto, pero no de pararlo. "Es una actuación difícilmente reversible", dijo en su momento. Ahora, con el Govern suspendido, esta reorientación deberá esperar hasta la constitución de un nuevo Ejecutivo en Cataluña tras las elecciones del 21D.

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