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OPINIÓN

Una nueva Constitución

La aplicación de la ley y de la Carta Magna no reducirá el número de independentistas

Ejemplar de la Constitución en su 40 Aniversario en el Congreso.
Ejemplar de la Constitución en su 40 Aniversario en el Congreso. EFE

Actualmente España tiene un problema muy grave que es el encaje de Cataluña, lo que es reconocido como el segundo problema más grave por parte de los ciudadanos españoles según la última encuesta del CIS. En números redondos hay unos 2 millones de ciudadanos catalanes que piden la independencia. Y ello, como se ha dicho reiteradamente y no se atiende, es un problema político que debe resolverse por medios políticos y no por medios jurídicos.

La aplicación de la Constitución y de la ley no hará disminuir el número de personas que se declaran independentistas, sino que el problema se enquistará, tal como está sucediendo.
Para salir de la dictadura del general Franco se celebraron unas elecciones constituyentes y se creó una ponencia constitucional a la que dieron su apoyo enemigos históricos, desde los herederos del franquismo, como Fraga, hasta los comunistas, como Carrillo, pasando, entre otros, por los nacionalistas catalanes.

Para elaborar la Constitución de 1978 las diversas fuerzas políticas negociaron y aceptaron aspectos que no querían: por ejemplo, los comunistas, con la finalidad de implantar un sistema democrático aceptaron la monarquía parlamentaria, pese a que muchos de ellos habían muerto defendiendo la república, y también se creó el Estado de las autonomías para integrar a los nacionalistas catalanes y vascos.

En la situación política actual debería crearse una ponencia constitucional en la que estuviesen representadas todas las fuerzas políticas, para negociar una nueva Constitución, con el fin de reestudiar la organización territorial del Estado y resolver o minimizar el problema catalán. Debería implantarse un nuevo sistema de financiación, la reforma del Senado, la protección del catalán, etc. Obviamente el resultado de la ponencia no tendría la plena conformidad de las distintas fuerzas políticas, sino que estaría en una posición intermedia.

Actualmente algunos de los partidos políticos tradicionales han perdido mucha fuerza, al tiempo que han surgido nuevas fuerzas políticas. Es preciso que todas las formaciones políticas que lo deseen estén representadas en la ponencia constitucional y que los acuerdos se adopten con la finalidad de alcanzar el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la fuerza electoral de cada una de las diferentes formaciones políticas.

La Constitución debe ser integradora, o sea, se trata de que la avalen la mayor parte posible de las fuerzas políticas y, en consecuencia, que la vote la gran parte de la población, en el bien entendido que siempre habrá fuerzas políticas que no la querrán avalar.