“Será legal, pero es un trato inhumano”

Yo solo tengo a mi sobrina que me viene a ver cada 10 días, si me cambian de residencia a un lugar que esté a kilómetros no sé cuándo va a poder visitarme. Será legal lo que van a hacer, pero es un trato inhumano y una injusticia”, explica Joaquina Alonso. Lo dice tranquila, pero firme, desde la perspectiva que le dan sus 91 años y consciente de que ni ella, ni la mayor parte de sus 38 compañeros se quieren ir, porque “este lugar se ha convertido en nuestra casa y no nos pueden tratar como si fuéramos mobiliario”.

La decisión de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de mover el centro Manzanares para menores extranjeros no acompañados (Cacys), situado en la calle Arturo Soria, a la residencia de mayores San José, en Orcasur, ha creado un gran malestar en los ancianos —a los que se tiene que desalojar previamente— y en los vecinos del barrio, que se han movilizado para impedirlo. La semana pasada convocaron una asamblea que se llenó. En el Cacys residen 32 menores, algunos conflictivos y con problemas de adicciones.

La Consejería argumenta que para mantener la residencia de mayores deberían convertirla en un lugar que pudiera admitir a personas dependientes, en la actualidad solo está preparada para residentes que se valen por sí mismos. Algo que es imposible por los “condicionantes estructurales” del edificio, que no permiten, por ejemplo, la ampliación de las habitaciones.

Nadie en el barrio entiende la decisión de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta, además, que la residencia, en la que también existe un comedor social, linda con los colegios Nuestra Señora de Montserrat y María Reina, además de con la escuela infantil San Simón y San Judas y el centro de ocio y tiempo libre el Tomillar. “Si a los niños se les cuela una pelota, entran a por ella”, cuenta uno de los ancianos.

“De forma delirante sitúan el Cacys en el corazón de los centros educativos de la zona. En vez de solucionar el problema lo quieren trasladar y de un barrio de alto poder adquisitivo lo envían a Orcasitas”, reprochó el jueves pasado la diputada socialista Carla Antonelli a Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia, en el pleno de la Asamblea. En la réplica, Izquierdo la acusó de no tener ninguna preocupación por “los menores de origen extranjero y en que salgan adelante”.

La directora del colegio Nuestra Señora de Montserrat, Encarna Peyús, relata que se enteraron de lo que estaba ocurriendo por una llamada anónima. “Como mínimo deberían haber consultado con las asociaciones y presentar un informe de la repercusión en los menores y en el barrio”. Tampoco está de acuerdo con el traslado de los ancianos, porque los niños interactúan con ellos en talleres. Lo que más le duele es que desde la Comunidad se les considere poco integradores: “Trabajamos inclusión, compensación..., y aquí está representada toda la sociedad de la zona”, dice.

Así las cosas, Olegario García, que está “a punto” de cumplir 92 años, tiene claro que no se va a ir de aquí. Lo que quieren los residentes de San José a estas alturas es “vivir en paz”. “Ahora dicen que te llevan a otro lado, te separan de tu entorno. No se puede jugar así con las personas”, reprocha Encarna Belmonte. “Es volver a empezar”, asiente una compañera. Uno de los trabajadores del centro explica que en este colectivo cambios menores como de habitación o, simplemente, de mesa provocan un gran desconcierto. “Es fácil imaginar el efecto del traslado a una macroresidencia”, añade.

San José es un lugar familiar, pequeño y tranquilo, en el que los residentes entran y salen a su antojo. A pesar de que las habitaciones son de dimensiones reducidas y sin ningún lujo, apenas caben la cama, un sillón, una mesa y un pequeño lavabo, están contentos. “Me siento atendida, protegida, ¿cómo la Comunidad de Madrid ha tenido el valor de hacernos esto a las personas más débiles?”, se pregunta Aurora Baeza, mientras otros residentes asienten.