Discusión pública

Conviene recordar que la democracia no solo implica el reconocimiento de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de asociación o la igualdad de todas las personas ante la ley, la celebración frecuente de elecciones multipartidistas libres y la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder gubernamental, sino también la discusión pública argumentada y el compromiso de los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, en la difusión de informaciones veraces, en la reproducción fidedigna de los diferentes puntos de vista existentes en la sociedad y en la promoción de espacios de debate político plural en los que se traten los temas de manera rigurosa y comprensible y los participantes se comporten de manera respetuosa.

Jean Drèze y Amartya Sen (Una gloria incierta) subrayaron el valor de la discusión pública en democracia: “Los problemas sociales y económicos no son siempre fáciles de ver y de entender, y un ejercicio riguroso del razonamiento público puede jugar un papel clave tanto en expandir la comprensión pública como en ampliar la política ilustrada”. Y Amartya Sen (India contemporánea) puso de relieve la eficacia del voto cuando previamente se ha producido la discusión pública: “El razonamiento público brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar en debates públicos e influir en las decisiones públicas. El voto puede verse solo como una manera —aunque muy importante— de llevar a la práctica esos debates, cuando la oportunidad de votar se combina con la de hablar y escuchar sin temor alguno”.

Ante la convocatoria de elecciones multipartidistas o de consultas políticas específicas, se debería enfatizar la importancia de los debates públicos entre los candidatos y las candidatas de las diferentes formaciones políticas o entre los y las portavoces de las diversas opciones en disputa. Un debate público no es un conjunto de monólogos. Los candidatos y candidatas o los y las representantes de alternativas políticas divergentes han de explicar con precisión el contenido de sus propuestas y sus previsibles consecuencias, pero también han de contrastar, de manera argumentada y rigurosa, sus propuestas con las que formulen sus adversarios electorales. El objetivo debería ser que la ciudadanía pueda ejercer su voto con conocimiento y de manera responsable.

Lamentablemente, la discusión pública en España y en Cataluña está muy lejos de esos parámetros democráticos. Y todo apunta a que en los próximos meses y años este problema se puede agravar. Por ello, es una necesidad urgente que se resalte la importancia que tiene o debería tener la deliberación y el debate público en los sistemas políticos democráticos, tanto en las instituciones del Estado (parlamentos, plenos municipales...) como en y entre los diferentes grupos políticos y sociales (partidos, sindicatos, asociaciones, entidades, plataformas de acción...), en Internet, en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente si se aspira a aumentar la comprensión de la población sobre los problemas que se han de resolver (pobreza, paro, precariedad, violencia machista, contaminación medioambiental, corrupción, reforma constitucional...). También es necesario dar a conocer los diferentes intereses y puntos de vista existentes, y las consecuencias de las diversas propuestas presentadas, que es un requisito imprescindible para construir una democracia participativa. Y además, estos espacios de discusión pública deberían estar conectados e interrelacionados, creando ámbitos e instrumentos que lo hagan posible.

Enric Prat Carvajal es historiador y profesor de Ciencia Política en la UAB.