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El PP protesta por la baja ejecución de las inversiones del Ayuntamiento

Los populares afirman que Carmena ha ejecutado el 1,46% de las inversiones suspendidas por el TSJM, mientras que el gobierno eleva ese dato al 50%

José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, el pasado julio
José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, el pasado julio ÁLVARO GARCÍA

El grupo municipal del PP denuncia la "incompetencia" en la gestión de las finanzas municipales por parte de Ahora Madrid. La Justicia suspendió cautelarmente unas operaciones financieras municipales realizadas en junio y julio por 240 millones de euros, y a pesar de que el Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará recurso, los populares advierten de que el grado de ejecución en noviembre de dichas inversiones es del 1,46%. El Consistorio responde que el 50% de esas operaciones ya está en proceso de pago y que el resto de maniobras están en fase avanzada de ejecución. Según los populares, el gobierno miente.

Los datos manejados por los populares arrojan una ejecución de las inversiones sostenibles del Ayuntamiento en noviembre en menos del 2% de lo previsto (el gasto prometido asciende al 8,6%). Las obligaciones reconocidas (las operaciones ya efectuadas y contabilizadas) alcanzan, según el PP, 3,3 millones de euros sobre un total de 231 millones previstos. Estos datos demostrarían en opinión del grupo dirigido por José Luis Martínez-Almeida la mala gestión del gobierno de Manuela Carmena.

El PP desglosa esos datos. De los 3,7 millones previstos para alumbrado público, por ejemplo, el gobierno de Carmena no habría gastado nada en noviembre. Lo mismo para arbolado (1,2 millones), fuentes (500.000 euros), remodelación de parques (24,6 millones) y remodelaciones y reurbanización (13,4 millones), entre otras partidas. En otros casos, como en la reforma y construcción de nuevos edificios, el crédito ejecutado o comprometido alcanzaría un 21%: 24 millones sobre 107. En remodelación de viales, el balance es peor: una ejecución al 0,3%, es decir, 34.000 euros sobre un total de 63,4 millones previstos.

Recurso municipal

El Ayuntamiento ofrece una lectura radicalmente diferente. Una portavoz del ejecutivo de Ahora Madrid explica que "cerca de un 50% de los suplementos de créditos a los que hace referencia el auto del TSJM están ya finalizados; el resto está en avanzada fase de ejecución". "Para lo demás, se planteará recurso y en su defecto medidas sustitutorias alternativas a las cautelares que están previstas en la ley", añade la portavoz.

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la medida cautelar solicitada por Delegación del Gobierno sobre tres operaciones financieras del Ayuntamiento consideradas ilegales. Entre junio y julio, el gobierno de Manuela Carmena intentó recaudar fondos para sortear la paralización de 238 millones para cumplir con la Ley de Estabilidad. Lo hizo a través del remanente de tesorería, algo que en opinión del ejecutivo municipal es legal. Sin embargo, el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro y la Delegación consideraron las maniobras ilegales y, tras pedir al Consistorio que corrigiera su plan, llevaron esas operaciones a los tribunales.

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El gobierno de Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, asegura que planteará medidas alternativas "para no causar perjuicios a la ciudadanía", mientras que el PP considera que al no haberse ejecutado prácticamente nada de estos fondos, no deberá paralizarse prácticamente nada. "El efecto del auto judicial es limitado, dado que apenas hay inversiones ejecutadas", denuncian fuentes del PP, que señalan: "Resultaba ilusorio por parte de Ahora Madrid pretender ese volumen de inversiones que supera su capacidad de gestión".

La eficacia del gobierno cuestionada

La cuestión de la ejecución de las inversiones vuelve este año después de que en el pasado ejercicio todos los partidos de la oposición acusaron al gobierno local de no cumplir con lo prometido. Entonces, cuando faltaban pocos días al cierre de las cuentas y con unos datos de ejecución de inversiones muy bajos, el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, decidió comprar un edificio por 104 millones, oficialmente para reducir el ingente gasto público en alquiler. El PP denunció esa compra, que en su opinión servía para "maquillar" los datos de ejecución presupuestaria (el Consistorio cerró el año con un cumplimiento del 73%), y que esa adquisición disparó el desembolso del Ayuntamiento. El Consistorio acabó el año con un exceso de gasto de 234 millones y este año ha sido sometido a la tutela semanal del Ministerio de Hacienda.

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