El Tribunal Superior suspende cautelarmente la Agencia municipal Antifraude

Las principales funciones de la oficina antifraude del Ayuntamiento de Madrid, que no ha comenzado a funcionar pese a estar creada desde el pasado mes de diciembre, están suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el recurso de la Delegación de Gobierno.

Este tribunal acordó la suspensión cautelar de parte del reglamento de la oficina en un auto dictado el pasado 25 de julio y que se ha hecho público hoy, adelantado por El Mundo, después de que ayer la portavoz del PSOE-M en la capital, Purificación Causapié, anunciase un pacto con Ahora Madrid para proponer al juez Carlos Granados como director del organismo.

La Sala del TSJM acordó la suspensión de tres apartados del reglamento de esta oficina -los epígrafes a, b, c del artículo 4.3- al considerar que "invaden las competencias" de la Intervención General y la Inspección General de Servicios o al menos son "altamente coincidentes" y no están "adecuadamente delimitadas".

En concreto, el TSJM suspende de forma cautelar la función de inspeccionar y comprobar "los posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos, las conductas contrarias a los principios de objetividad, integridad e independencia" y los "posibles casos de fraude o de aprovechamiento irregular derivado de actuaciones que afectan a la probidad administrativa, a la confianza pública y al buen funcionamiento del sector público", por considerar que son funciones de la Inspección General de Servicio.

El auto también suspende cautelarmente la tarea de "inspeccionar y comprobar el cumplimiento de las reglas relativas a conflictos de intereses" al considerar que coincide con el rol de la Intervención General.

Debido a esta posible duplicidad de competencias, el TSJM considera que la oficina antifraude "interferiría gravemente el normal funcionamiento y desarrollo" de la Intervención General y a la Inspección General de Servicios y mermaría su eficacia.

Según este tribunal, el "loable" fin de perseguir la corrupción y el fraude es también competencia de los dos órganos municipales ya existentes.

Dicha "interferencia competencial" generaría a particulares y a empleados municipales una situación "irreversible" de "extrema inseguridad jurídica y de resultados inciertos" que haría peligrar "la persecución efectiva de todas aquellas conductas de corrupción y fraude merecedoras de reproche administrativo o penal".

Dado la irreversibilidad de esa situación, el TSJM acordó en julio dictar la suspensión cautelar "sin que ello suponga prejuzgar la cuestión de fondo controvertida".

Ayer tanto el PP como Ciudadanos señalaron el "conflicto jurídico" que provoca el hecho de que el magistrado Granados encabece la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción estando sus principales funciones suspendidas.

Ambos grupos municipales votaron en contra de la creación de esta oficina, que salió adelante con los votos del PSOE y Ahora Madrid, al censurar que el nombramiento de su director iba a ser político y considerar que invadía los derechos de los funcionarios y los empleados municipales.