Carmena demanda al gobierno de Botella por la venta de pisos protegidos en 2013
Si el tribunal de cuentas dicta sentencia condenatoria, los demandados deberán reintegrar 127 millones de euros a las arcas municipales, según el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha demandado este jueves ante el Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella (PP) y a su gobierno, además del entonces consejero de la EMVS, Fermín Oslé, por la venta de pisos protegidos a fondos de inversiones en 2013. El equipo de Ahora Madrid cree que esa venta determinó un perjuicio de 127 millones a las arcas municipales. Según el Ayuntamiento, "si el tribunal de cuentas dicta sentencia condenatoria, los demandados estarán obligados a reintegrar unos 127 millones de euros a las arcas municipales".
La demanda se centra en dos operaciones. Por un lado, la enajenación de 34 viviendas y 2 plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones, S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por un precio total de 2.072.246,32 euros. Esta enajenación se realizó esencialmente en dos fechas distintas: el 21 de febrero y el 18 de octubre de 2013.
Por otra parte, el Consistorio señala la enajenación de 18 promociones completas de vivienda protegida, de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados (un total de 5.315 inmuebles) a las sociedades Fidere Vivienda, S.L.U. y Fidere Gestión, S.L.U. por un precio global de 128.500.000 euros. Esta operación se formalizó el 31 de octubre de 2013.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo José Manuel Calvo ha aclarado que "como mínimo el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de percibir asciende a 55 millones de euros. Aunque si atendemos al valor real de tasación, la cifra estaría muy por encima de esa cantidad, entre 250 o 300 millones de euros".
El actual gobierno municipal cree que aquella venta de pisos protegidos incumplió las leyes de contabilidad pública y régimen presupuestario. "La enajenación de viviendas individualizadas no se sometió a procedimiento alguno, alejándose del criterio seguido en ocasiones anteriores y contrariando con ello las normas de disposición de bienes públicos", explica el Consistorio en una nota.
En concreto, los miembros del equipo de Ahora Madrid creen que la responsabilidad contable por las acciones analizadas corresponde a quien tenía a su cargo el manejo de los efectos públicos, esto es, al consejero delegado de la EMVS y, por lo que respecta a la venta de las 18 promociones, también a los miembros de la junta de gobierno.
Por ello, Calvo sostiene que como la reclamación es "contra los particulares que en aquel momento eran los responsables de tomar esta decisión, por parte de la EMVS, el consejero delegado, y por parte de la Junta de Gobierno, la alcaldesa y todo su equipo de gobierno, la restitución patrimonial correspondería a estas personas en concreto".
