La orden judicial que cambió los planes
La magistrada ordenó que se impidiese votar “sin afectar la normal convivencia”
Mercedes Armas modificó el jueves el tablero de juego previsto por la policía para el referéndum ilegal de ayer. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asumió ese día la investigación sobre los preparativos del referéndum y ordenó a los agentes que cerrasen, el mismo domingo, los colegios electorales. Armas suspendió así la orden previa dada por la Fiscalía a los Mossos d’Esquadra, que era mucho más concreta y expeditiva: debían “precintar” los centros de votación antes del sábado (sin esperar al domingo) y tenían que impedir, además, que la gente votase en la calle. Ese último escenario no se ha producido finalmente, ya que los catalanes pudieron votar bajo techo y con las urnas adquiridas expresamente para la consulta de ayer.
La pregunta sobre cuál de las dos propuestas ofrecía mejores resultados para el orden público —la de la Fiscalía o la de la juez— cobró ayer relieve tras los incidentes ocurridos en Cataluña. Fuentes consultadas por este diario coinciden en que, en ambos escenarios, el problema era el mismo: miles de personas esperando en fila para entrar en los colegios electorales y votar pese a la orden de cerrarlos. Con una diferencia: en caso de haberse ejecutado la orden de la Fiscalía, los colegios tenían que haber estado ya cerrados, precintados y vacíos la madrugada del domingo.
Los partidarios del referéndum empezaron a ocupar escuelas y centros cívicos el viernes, por lo que el desalojo ese mismo día “podría haber anticipado los problemas, más que otra cosa”, señalan las citadas fuentes.
La orden de la Fiscalía se dirigía únicamente a los Mossos, mientras que la de la juez ha implicado por igual a la policía autonómica, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El auto judicial confirmó que la coordinación pertenecía a la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, pero dejaba un margen de interpretación mayor. En definitiva, dio más margen de maniobra a la actuación de los cuerpos policiales.
Esa flexibilidad vino dada, sobre todo, por uno de los argumentos que esgrime la juez en los fundamentos de derecho. Ante la abierta desobediencia del Gobierno catalán, razonó, la policía debía “adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum”. Pero debía hacerlo, y ese matiz es crucial, “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Los Mossos d’Esquadra han podido acogerse a esa salvedad para poner la seguridad ciudadana por encima de la necesidad de abortar el referéndum. La Policía Nacional y la Guardia Civil, sin embargo, intervinieron con mayor contundencia para cumplir la orden de la juez, que ayer no se pronunció en ningún momento sobre si la actuación policial se estaba ajustando a su demanda. Esas explicaciones podría exigirlas, subrayan fuentes más adelante, en los próximos días.
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