La ley andaluza de discapacidad obliga a reservar un 1% de empleo público a enfermos mentales

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad que mejorará la calidad de vida de más de 720.000 personas (casi el 10% de la población) y de sus familias, con especial atención a las más vulnerables. La nueva ley cuenta con una ficha presupuestaria de 1.300 millones de euros y tipifica las infracciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros. Entre las novedades destaca la reserva del 1% de plazas de empleo público para personas con enfermedad mental.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido “la colaboración estrecha y permanente de las entidades y colectivos” para elaborar la norma y ha indicado que supone “el inicio de un nuevo camino que se suma al largo recorrido en la lucha por los derecho del colectivo”.

Novedades

Una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

La nueva ley prevé igualmente el derecho a la atención infantil temprana (0 a 6 años) mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

Las Universidades andaluzas, por su parte, deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad. Asimismo, estarán representadas en el Consejo Andaluz de Personas con Discapacidad.

Formación y empleo

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad (actualmente es del 7%). Como novedad se reserva por primera vez el 1% de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

La ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

Por otra parte, los planes de accesibilidad de las administraciones autonómica y local deberán actualizarse cada cinco años.

Otro aspecto novedoso de la ley es el reconocimiento de los perros de asistencia, adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad.

En el área de la contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad). Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.

En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4% de las protegidas destinadas a personas con discapacidad y, como novedad, la Consejería competente en esta materia deberá regular las viviendas convertibles, que permitan fácilmente su adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades de las personas. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.

En Andalucía hay 583.018 personas (295.413 hombres y 287.605 mujeres) que tienen reconocido por los Centros de valoración y orientación un grado de discapacidad igual o superior al 33% (Datos a 12 de septiembre de 2017). La aprobación de la norma ha contado con el voto en contra del PP, la abstención de IU y el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos.