Los separatistas utilizan la calle para impulsar la consulta ilegal

El Onze de setembre llega en un clima de absoluta división entre partidarios y detractores del referéndum, lo que este domingo se ha visualizado con el plantón del Partido Popular y de Ciudadanos en el acto institucional de conmemoración de la Diada de Cataluña. Un año más el Govern ha decidido dejar todo el protagonismo de la jornada a los independentistas trasladando a la víspera los actos oficiales. El equipo de Puigdemont casi al completo ha animado a participar en la marcha y los medios de comunicación de la Generalitat también han preparado una cobertura especial de la manifestación independentista. Así pues las llamadas a participar en ella llegan indistintamente de los partidos soberanistas, el Gobierno catalán, las entidades organizadoras —Asamblea Nacional Catalana y Òmnium— y de centenares de alcaldes. El resultado es que unas 400.000 personas se han inscrito previamente para asistir a la marcha de esta tarde.

Más allá de llamar a burlar las resoluciones judiciales, la segunda consigna es que la de hoy sea el inicio de una movilización permanente que debe durar, como mínimo, hasta el 1 de octubre. Y para conseguirlo el independentismo ha optado por una escalada verbal que, a ojos de toda la oposición, amenaza con romper la convivencia. Ayer contribuyó a ello el consejero de Presidencia, Jordi Turull. Desde Lleida, en un acto institucional y en presencia de uno de los alcaldes que se ha negado a ceder locales para el referéndum, el socialista Àngel Ros, llamó a los catalanes a preguntarse si están entre los que “ayudan a votar o los que ayudan a impedirlo”. Turull eludió el carácter unitario propio de una fiesta nacional para destacar la cuestión independentista. Dijo que el 11 de septiembre lo que se conmemora también es “la actitud de la gente a partir del día 12 de querer recuperar la plenitud nacional”. E hizo una apelación histórica asegurando que “muchas generaciones sabían que ellos no lo verían, pero fueron capaces de mantener el poso y la conciencia; lucharon porque sabían que un día llegaría una generación que estaría lista para recuperar la plenitud como nación”. “Y esta generación somos nosotros”, dijo.

Lo cierto es que la Diada llega en un momento muy complicado para el independentismo por la suspensión de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional y con las querellas en marcha contra los cargos que la impulsaron. Sin embargo, los ideólogos del proceso soberanista contaban con que el momento podía ser todavía más dramático y, por lo tanto, más proclive a una reacción en la calle de todo el independentismo.

De momento, los altos cargos han sido advertidos por el Tribunal Constitucional sobre las consecuencias de seguir adelante con el referéndum pero todavía no han recibido las querellas ni, mucho menos, han notado efecto alguno de las consecuencias de sus actos, que pueden ir desde una simple multa hasta la inhabilitación o penas de prisión.

Se prevé que sea a partir de mañana cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comience a tomar medidas para hacer cumplir algunas de las peticiones de la Fiscalía, como cerrar la web oficial del referéndum, interrumpir la campaña publicitaria en los medios de comunicación o acabar con los preparativos para reclutar voluntarios. De momento esto no ha ocurrido y la manifestación de hoy se celebrará con todos los preparativos en marcha a ojos del gran público.

Los partidos independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y la propia Generalitat también se han centrado los últimos días en ensalzar a las primeras víctimas políticas del procés. A ojos de la oposición esta táctica no es más que la búsqueda activa de “mártires” con las que tensar más la situación. El primero y más emblemático es el expresidente Artur Mas, que además de la pena de inhabilitación afronta el pago de parte de los cinco millones que costó la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. La segunda víctima a la que ensalza el independentismo es el director de la revista El Vallenc, a quien la Guardia Civil investiga por actuar presuntamente de pantalla de la Generalitat para imprimir material electoral del referéndum. Francesc Fàbregas es desde este sábado el primer ciudadano que es investigado por el referéndum pese a no tener un cargo público.

Burlar a la Justicia

Pero si los esfuerzos de los últimos días se han centrado en que la manifestación de este lunes sea un éxito de participación, la planificación para mantener en marcha los preparativos del referéndum viene de mucho más lejos. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, lleva meses planificando minuciosamente con su equipo toda la coordinación del 1 de octubre. Fuentes de la Generalitat aseguran que lo tienen “todo previsto” para abrir locales electorales en municipios que se nieguen a cederlos o para hacer llegar voluntarios a cubrir las mesas que queden vacantes.

El mensaje es que no se van a acatar las resoluciones judiciales. Y lo justifican asegurando que ellos solo se deben al Parlamento de Cataluña y no al Tribunal Constitucional ni a la justicia ordinaria. Los límites legales que están dispuestos a traspasar se conocerán no en la manifestación de hoy sino en los actos que hagan a partir de mañana.