Taxistas a pedales, contra los decretos de Colau
Los ‘bicitaxis’ critican la entrada en vigor de una norma que les prohibe circular por la mayor parte de Ciutat Vella
Día y noche la base de la Cara de Barcelona —la escultura de Roy Lichtenstein situada en la confluencia del paseo de Colón y el paso de Sota Muralla de la capital catalana— está acompañada por unos triciclos que se han convertido en parte del paisaje: los bicitaxis. El Gobierno de Ada Colau firmó a principios de agosto un decreto por el que se prohíbe la circulación de estos vehículos (también la de segways, patinetes y ruedas eléctricas) en el distrito de Ciutat Vella. El Consistorio solo dio luz verde a que pudieran seguir circulando por un circuito que comienza en la estatua de Colón y recorre el paseo de Colón, el de Isabel II, Marqués d'Argentera, Picasso y Lluís Companys hasta el Arc del Triomf. También podrán circular por el paseo Pujades hasta la avenida Meridiana y por el paseo de la Circumval.lació. Un decreto al que varias empresas de bicitaxis han presentado alegaciones.
La asociación Movilidad y Turismo Sostenible (MITS) integrada por las empresas Trixi, Funky Cycle, Pura Vida y, próximamente, Pedicabs (representan casi el 50% de los 200 triciclos que circulan por la ciudad) es una de las que ha presentado mayor número de alegaciones. El vicepresidente de MITS, Roberto Pertíñez, asegura que la decisión del Ayuntamiento es “injusta” y están dispuestos a llevar el caso a los tribunales. “Es un decreto arbitrario que ya está dejando a muchos conductores sin trabajo”, denuncia.
El vicepresidente de MITS sostiene que la permisividad de la Administración ha sido la que ha creado el problema. “Desde hace dos años hay mucho intrusismo en el sector. Hay conductores que han comprado un bicitaxi y el fabricante ha confeccionado la documentación a la carta teniendo en cuenta la normativa que exige el Ayuntamiento. La normativa obliga a que el bicitaxi funcione mediante pedaleo asistido con un motor de 250 vatios. Hay aparatos que el fabricante entrega con una documentación falsa y en realidad tiene un motor de 500 vatios y no necesita el pedaleo asistido. Un aparato peligroso que compite directamente con el taxi”.
A finales de mayo se aprobó una ordenanza que permitía circular a los bicitaxis por los carriles bicis, calles con plataforma única, calzada de calles de velocidad reducida a 30 kilómetros por hora y en las calzadas que no correspondieran a la red básica de la ciudad. La ordenanza, que quedó modificada semanas después por el decreto, obliga a los aparatos a tener una pegatina, similar a la de la ITV, que la Guardia Urbana puede exigir en cualquier momento. Un adhesivo que proporciona Barcelona de Servicios Municipales (BSM). “El problema es que hay aparatos trucados y solo se revisa la documentación y no el vehículo”, lamenta.
Entre 150 y 200 euros
Pertíñez asegura que en estos dos años muchos “no profesionales” han visto en el bicitaxi una manera de ganar “entre 150 y 200 euros al día fácilmente”. “En B:SM nadie te pide los autónomos, los contratos de trabajo, los pequeños piratas generan mucho dinero negro, se alquilan bicitaxis entre ellos... Hay individuos haciendo conducciones peligrosas y muchas malas praxis, como no señalar las tarifas”, critica. El vicepresidente de MITS calcula que hay 200 bicitaxis en toda Barcelona. Desde la asociación creen que con el decreto pagan “justos por pecadores” y alegan que el recorrido que anunció Gala Pin, regidora de Ciutat Vella, tiene un “interés cultural mínimo”. Además, critican que la ordenanza entró en vigor hace seis semanas y que las diferentes empresas, cuando anunciaron el decreto, ya habían adquirido unos compromisos que deberán ser cancelados, generando “perdidas inasumibles”. Denuncian también que no se han instalado paradas para recoger a los clientes tal y como obligaba la ordenanza. “Hay conductores que han dejado el trabajo porque el día 22 entró en vigor el decreto y se exponen a multas de entre 100 y 500 euros”, asegura Pertínez. Desde el Ayuntamiento mantienen que el decreto está en fase de alegaciones y que todavía no ha entrado en vigor.
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