Los Ayuntamientos emprenden una revolución en el callejero catalán

El auge del independentismo pero también de las nuevas fuerzas políticas de izquierda han impulsado en los últimos cuatro años multitud de propuestas para modificar el nomenclátor de los municipios de Cataluña. La actualización de los nombres de las vías públicas no solo responde a la Ley de Memoria Histórica y a la obligación a partir de esta de retirar referencias franquistas: las vías dedicadas a España, la Constitución o al Rey Juan Carlos I, entre otras, también son cuestionadas a lo largo de la geografía catalana. 

“El nomenclátor lo carga el diablo, como la memoria”. La frase es de Ricard Vinyes, comisionado para la Memoria del Ayuntamiento de Barcelona. Vinyes, responsable de la aplicación de la le Ley de Memoria Histórica en Barcelona, explicaba en una entrevista de 2016 en EL PAÍS que el callejero de la capital catalana es “expresión de hegemonías culturales y políticas”. La polémica de la semana pasada en Sabadell fue el último y más sorprendente ejemplo. Su Ayuntamiento, comprometido con un proceso participativo para actualizar el nomenclátor de la ciudad, envió este verano a las entidades implicadas en el debate de reforma un informe que proponía retirar las calles dedicadas a lugares de la geografía española como Gran Canaria, Candanchú o Nervión, pero también a hombres de la cultura como Antonio Machado, Goya, Larra o Quevedo. El documento —encargado por la concejal de Cultura a un historiador local— justificaba estas modificaciones sobre todo por ser nombres de herencia franquista. Sabadell ya cambió en 2016 el nombre de la Calle de Alfonso XIII por Calle de la República.

También se ha producido el relevo del nombre de reyes en periodo democrático. Barcelona rebautizó el pasado abril la Plaça Juan Carlos I por el popular Plaza del Cinc d’Oros. El consistorio barcelonés aceptó en 2015 iniciar los trámites para borrar de doce calles varios nombres de otros miembros de la dinastía de los Borbones. La propuesta, surgida de ERC, buscaba “una ciudad libre de Borbones”. ERC ha repetido el mismo posicionamiento en otras ciudades. En 2016, en Mataró, los republicanos exigieron al gobierno local —dirigido por el PSC— borrar las vías dedicadas a Alfonso XII, Isabel II y a Amalia de Borbón.

Movimientos similares se han reproducido en municipios pequeños, como Ivars de Noguera (La Noguera), que a principios de este 2017 sustituyó la Avenida Príncipe de España por Avenida de los Países Catalanes. La villa de Alcanó (Segrià) sustituyó en 2013 la calle Juan Carlos I por calle de las Escuelas. Vilanova i la Geltrú aprobó en 2014 eliminar del nomenclátor la calle Duque de la Victoria —en honor al regente y general Espartero—, del duque de Ahumada —Francisco Javier Girón, fundador de la Guardia Civil— y del Marqués del Duero —Manuel Gutiérrez de la Cobcha, liberal que quiso deponer a Espartero—. Las tres calles fueron sustituidas por los nombres de Lluís Maria Xirinacs —militante independentista y antifranquista—, Albert Salvany —conocido casteller local— y por el del historiador vilanovense Albert Virella.

La Constitución también ha sido objeto de revisión. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, apadrinó en diciembre de 2016 en Celrà (Gironès) la sustitución de la Plaza de la Constitución por Plaza Maria Mercè Marçal. Llardecans (Segrià) relevó en 2014 la plaza de la Constitución por Plaza de la Iglesia. La CUP ha pedido en Lleida y Alcanar retirar las vías dedicadas a la Constitución.

El nombre de España, habitual en plazas de toda Cataluña, ha sido motivo de conflicto en numerosos municipios. El caso más mediático fue el de 2013 en Sitges, cuando la calle y la plaza España fueron sustituidos por calle Bassa Rodona y Plaza Pou Vedre. Cambrils, por iniciativa de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), restituyó en 2014 a la plaza España —como en otros lugares de Cataluña, fue introducido durante el franquismo— el nombre plaza de la Vila.

La CUP exigió el pasado mes de mayo que se retirara el nombre de la plaza de Espanya de Girona. La alcaldesa, Marta Madrenas (PDeCAT), lo rechazó alegando que “atacar o provocar un cierto menosprecio a la nación española, teniendo en cuenta que muchos catalanes tienen raíces españolas, es una mala estrategia para el referéndum”, según informó el Diari de Girona. Madrenas también apuntó que “existe la Avenida de Francia y no hay ningún problema”.