La oposición exige a Colau medidas para combatir la venta ambulante
El Ayuntamiento se defiende y asegura que 90 agentes de la unidad de playas vigilan el comercio ilegal
La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, defendió ayer que los 90 agentes de la Guardia Urbana que trabajan en la unidad de playas persiguen el comercio ambulante ilegal y más tratándose de “productos que no cuentan con ninguna garantía sanitaria”. Sanz sostuvo que desde el Consistorio se ha alertado en varias ocasiones “sobre el peligro de consumir estos productos, que pueden ser insalubres, disuadiendo a los posibles compradores y fomentando el consumo responsable”. Después del análisis publicado por EL PAÍS, la alcaldesa accidental añadió que la Urbana seguirá trabajando para eliminar estos productos de las playas.
El líder del PDeCAT, Xavier Trias, alertó de que los resultados de los análisis elaborados por el laboratorio MicroBac, constatan que la venta ilegal supone “un grave problema de salud pública”. “El Ayuntamiento ha de actuar con contundencia. El gobierno de Colau ha de poner fin a una actitud de permisividad con unos comportamientos y unas actitudes que generan graves problemas no solo económicos sino de salud pública”, exigió.
Carina Mejías, de Ciudadanos, aseguró que en Barcelona “la venta ilegal prolifera y campa a sus anchas por culpa de la permisividad de Colau y por su falta de voluntad para aplicar las normativas”. Para Mejías, los vendedores ambulantes comportan problemas de “convivencia, competencia desleal e incluso un riesgo para la salud de las personas”. “El gobierno municipal debe luchar decididamente contra estas actividades irregulares que ponen en riesgo la salud de las personas y degrada la calidad de nuestra actividad turística”, concluyó Mejías.
El líder de ERC, Alfred Bosch, denunció que los vendedores esconden las bebidas en “las basuras y las cloacas”, por lo que no le sorprenden la presencia de restos fecales en las muestras. “El problema de comprar en la venta no regulada es que el cliente no puede defender sus derechos ni la administración hacer sus controles. Que haya trazas de restos fecales sería motivo de cese de un negocio, pero al no poderse controlar, el usuario está desprotegido. Debemos pedir medidas para evitar la venta ilegal”, sostuvo.
El popular Alberto Fernández Díaz aseguró que “es una actividad irregular que pone en circulación productos antihigiénicos”. El líder del grupo popular advirtió: “En su día ya ironicé con la permisividad que da el equipo de gobierno a la venta de Piñas-Colau en las playas de Barcelona”.
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