Vecinos de Aranjuez denuncian una escalada de okupaciones en chalés

Los vecinos de la urbanización de La Montaña, en Aranjuez, han protestado ante el Ayuntamiento de la localidad por el incremento de personas okupas que han irrumpido en chalés abandonados. Desde hace años, el número de viviendas con moradores que han pegado una patada en la puerta se ha incrementado, con los consiguientes problemas de venta ilegal de llaves de las casas y de enganches ilícitos a la luz y a las conducciones de agua. El Ayuntamiento ribereño se ha comprometido a incrementar la presencia policial en la zona ante las quejas vecinales, tras una junta local de seguridad.

Eva Fernández vive con su pareja y nueve hijos de okupa hace tres años en una casa abandonada en el barrio La Montaña de Aranjuez. Afirma que se lleva “fenomenal” con sus vecinos. “La que vive en frente es la profesora de mis hijos y al vecino de al lado le cuidamos la casa para que no se la okupen ahora que está de vacaciones”, dice bien fuerte, para que un grupo de vecinos molestos con su presencia y la de otras familias en situación irregular la escuchen.

“Yo no sé por qué nos quieren echar, si no hacemos nada, son ellos los que no amenazan con un darnos una paliza”, afirma. Pero su versión se contradice con la de Alfonso Zulueta, propietario desde hace 10 años de la casa esquina opuesta a la de Fernández. “Gritan de una casa a otra, tiene peleas con su pareja, meten a los galgos al descampado que tenemos en frente, perjudican la convivencia”, sostiene Zulueta. Y de eso lo avalan cinco vecinos que lo acompañan, quienes agregan problemas como la ventas ilegal de llaves y enganches a las instalaciones eléctricas y de agua. Advierten de que cada vez son más las familias okupas.

El barrio de La Montaña es un ámbito de desarrollo situado a cinco kilómetros del casco urbano de la ciudad ribereña, donde se encuentran el hospital del Tajo, un casino, instalaciones hoteleras y de ocio, así como varios centros educativos. Se construyó hace 10 años con el interés de muchas empresas que una vez llegada la crisis echaron pie atrás. A raíz de esto, numerosos chalés quedaron abandonados, que ahora en su mayoría pertenecen a bancos y las otras, son de propietarios que ven amenazado el coste del inmueble por los okupas. “Ahora nadie me va a querer comprar la casa o va a bajar mucho de precio”, prevé Pedro Alonso, quien tiene vecinos okupas.

La casa okupada que colinda con la de Alonso era una ludoteca que quebró hace un par de años pero que aún mantiene el cartel de "Centro infantil y familiar". Tiene una ventana rota, las rejas oxidadas, el césped seco y muchos juegos infantiles. La puerta está abierta pero nadie contesta. “Se presentaron como mis nuevos vecinos y hasta el momento me respetan bastante. Los tengo bastante a raya”, apunta Alonso, que tiene una casa perfectamente pintada de blanco con un cerco eléctrico en la parte superior de las murallas.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, Luis Javier Benito (PSOE) se comprometió la semana pasada a que el Ayuntamiento hará de intermediario con las entidades financieras con el fin de que tapien las puertas y ventanas de las casas, instalen alarmas y hagan seguimientos de los suministros de agua y luz. También se comprometió a mediar con las empresas suministradoras de estos servicios para que no firmen contratos con las personas que no sean inquilinos legales o propietarios.

Para Javier Prudencio Mocías, vecino de la urbanización y abogado especialista en desahucios desde hace 13 años, el problema es que los bancos realizan el desahucio “por usurpación”. “Cuando es así te dan la orden para personas concretas y cuando les llega una citación simplemente se van, llegan otros y hay que empezar todo de nuevo”, explica. La otra fórmula, que reconoce que es más cara, es el desahucio por precario: “En este desahucia a quién esté y tarda menos de cinco meses el proceso, en el otro caso puede ser más de un año”.

El próximo septiembre está prevista una nueva reunión para analizar el seguimiento del problema, aunque el asunto se debatirá antes en la próxima Junta Local de Seguridad, donde reclamarán la implicación de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid.