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Vecinos de Aranjuez denuncian una escalada de okupaciones en chalés

Los propietarios alertan de que cada vez son más las familias que viven de forma irregular en los chalés abandonados

Chalés okupados en el barrio de La Montaña, en Aranjuez. Ampliar foto
Chalés okupados en el barrio de La Montaña, en Aranjuez.

Los vecinos de la urbanización de La Montaña, en Aranjuez, han protestado ante el Ayuntamiento de la localidad por el incremento de personas okupas que han irrumpido en chalés abandonados. Desde hace años, el número de viviendas con moradores que han pegado una patada en la puerta se ha incrementado, con los consiguientes problemas de venta ilegal de llaves de las casas y de enganches ilícitos a la luz y a las conducciones de agua. El Ayuntamiento ribereño se ha comprometido a incrementar la presencia policial en la zona ante las quejas vecinales, tras una junta local de seguridad.

Eva Fernández vive con su pareja y nueve hijos de okupa hace tres años en una casa abandonada en el barrio La Montaña de Aranjuez. Afirma que se lleva “fenomenal” con sus vecinos. “La que vive en frente es la profesora de mis hijos y al vecino de al lado le cuidamos la casa para que no se la okupen ahora que está de vacaciones”, dice bien fuerte, para que un grupo de vecinos molestos con su presencia y la de otras familias en situación irregular la escuchen.

3.353 casas okupadas en la región

3.353 pisos okupados. La Jefatura Superior de Policía de Madrid tiene localizados desde el mes de abril este número de viviendas con okupas en la capital y en los grandes municipios de la región.

Puente de Vallecas. La mayor incidencia se registra en este distrito con 452 casos constatados, seguidos de Usera-Villaverde (419) y Carabanchel (260).
Retiro y Chamberí. En la capital, son los dos distritos con menos casos. Cada uno tiene registrados ocho asentamientos ilegales.

Fuenlabrada. Se encuentra a la cabeza de los grandes municipios de la región con 160 casos. Le siguen Leganés (134) y Móstoles (112)En el extremo contrario, se hallan Pozuelo de Alarcón (3) y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (15). Aranjuez está en medio de la tabla, con 48 viviendas okupadas.

“Yo no sé por qué nos quieren echar, si no hacemos nada, son ellos los que no amenazan con un darnos una paliza”, afirma. Pero su versión se contradice con la de Alfonso Zulueta, propietario desde hace 10 años de la casa esquina opuesta a la de Fernández. “Gritan de una casa a otra, tiene peleas con su pareja, meten a los galgos al descampado que tenemos en frente, perjudican la convivencia”, sostiene Zulueta. Y de eso lo avalan cinco vecinos que lo acompañan, quienes agregan problemas como la ventas ilegal de llaves y enganches a las instalaciones eléctricas y de agua. Advierten de que cada vez son más las familias okupas.

El barrio de La Montaña es un ámbito de desarrollo situado a cinco kilómetros del casco urbano de la ciudad ribereña, donde se encuentran el hospital del Tajo, un casino, instalaciones hoteleras y de ocio, así como varios centros educativos. Se construyó hace 10 años con el interés de muchas empresas que una vez llegada la crisis echaron pie atrás. A raíz de esto, numerosos chalés quedaron abandonados, que ahora en su mayoría pertenecen a bancos y las otras, son de propietarios que ven amenazado el coste del inmueble por los okupas. “Ahora nadie me va a querer comprar la casa o va a bajar mucho de precio”, prevé Pedro Alonso, quien tiene vecinos okupas.

Uno de los chalés del barrio de La Montaña cerrados con cadena y candado. ampliar foto
Uno de los chalés del barrio de La Montaña cerrados con cadena y candado.

La casa okupada que colinda con la de Alonso era una ludoteca que quebró hace un par de años pero que aún mantiene el cartel de "Centro infantil y familiar". Tiene una ventana rota, las rejas oxidadas, el césped seco y muchos juegos infantiles. La puerta está abierta pero nadie contesta. “Se presentaron como mis nuevos vecinos y hasta el momento me respetan bastante. Los tengo bastante a raya”, apunta Alonso, que tiene una casa perfectamente pintada de blanco con un cerco eléctrico en la parte superior de las murallas.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, Luis Javier Benito (PSOE) se comprometió la semana pasada a que el Ayuntamiento hará de intermediario con las entidades financieras con el fin de que tapien las puertas y ventanas de las casas, instalen alarmas y hagan seguimientos de los suministros de agua y luz. También se comprometió a mediar con las empresas suministradoras de estos servicios para que no firmen contratos con las personas que no sean inquilinos legales o propietarios.

Para Javier Prudencio Mocías, vecino de la urbanización y abogado especialista en desahucios desde hace 13 años, el problema es que los bancos realizan el desahucio “por usurpación”. “Cuando es así te dan la orden para personas concretas y cuando les llega una citación simplemente se van, llegan otros y hay que empezar todo de nuevo”, explica. La otra fórmula, que reconoce que es más cara, es el desahucio por precario: “En este desahucia a quién esté y tarda menos de cinco meses el proceso, en el otro caso puede ser más de un año”.

El próximo septiembre está prevista una nueva reunión para analizar el seguimiento del problema, aunque el asunto se debatirá antes en la próxima Junta Local de Seguridad, donde reclamarán la implicación de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid.

Usurpación, un delito con baja condena

F. J. B.

La okupación de una vivienda o de un local está tipificada en el Código Penal como usurpación de un inmueble, según recoge el artículo 245. Se trata de uno de los delitos con menos carga penológica de este texto legal.

El primer apartado del artículo recoge que, si se utiliza la violencia o la intimidación para ocupar un bien inmueble, podrá ser condenado a una pena de prisión de uno a dos años. Esta condena debe fijarse “teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”. El párrafo segundo del 245 reduce la condena a penas de tres a seis meses de multa si se okupa un inmueble, vivienda o edificio que no constituyan una morada.

Los procesos por estas okupaciones suelen ser largos, ya que debe ser la propiedad la que denuncia el delito en la comisaría o en el juzgado. La policía no puede actuar de oficio. Una vez que llega ante la autoridad judicial, es necesario llamar a todas las partes. La instrucción puede demorarse meses o años, a lo que se suma después la celebración del juicio, la sentencia y su ejecución.