La policía tiene controlados 3.353 pisos okupados en la región

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) dio la voz de alarma a principios del año pasado al comprobar sus integrantes que se estaban dando mafias dedicadas a pegar patadas en la puerta en viviendas abandonadas o cuyos propietarios habían fallecido. Una vez que se hacían con el piso, algunas bandas organizadas se dedicaban a alquilarlas, pese a carecer del título de propiedad. En otras ocasiones, los mismos okupas se quedaban en el inmueble, con los consiguientes problemas de convivencia para el resto del vecindario. Estos okupas no pagan impuestos, suelen crear problemas de ruido y no abonan los recibos de la comunidad de propietarios.

Los dirigentes de la FRAVM se reunieron con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y con el jefe superior de Policía de Madrid, el comisario principal Alfonso Fernández Díez, a los que pidieron soluciones inmediatas para frenar esta oleada de okupaciones.

La Jefatura de Policía de Madrid creó el 19 de abril de 2016 —hace ya un año— una unidad nueva contra las tramas mafiosas que están detrás de estos grupos, al frente de la cual está el inspector Sergio Gámez Hortal. Para ello habilitó un número de teléfono gratuito (900 100 301) y un correo electrónico (madrid.ocupacioni@policia.es). Fruto de los datos facilitados por estas denuncias anónimas, la unidad ha podido sacar el mapa de la okupación en la capital y en los principales municipios de la región.

Las cifras iniciales que barajaba la Delegación del Gobierno en Madrid apuntaban a que pudiera haber entre 4.000 y 5.000 viviendas okupadas en estos municipios. El balance final se aproxima a las expectativas iniciales. De las 3.353 casas okupadas, 2.443 se encuentran en la capital y las 910 restantes, en los municipios de la corona metropolitana, junto con Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Aranjuez.

Puente de Vallecas, con 452 casos, es el distrito con mayor incidencia de este problema, seguido por Usera-Villaverde (419) y Carabanchel (260). En el recuento se ha seguido la misma distribución que las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, que a veces atienden a dos distritos o a dos municipios limítrofes. Esto se debe a que son las propias comisarías las que han comprobado las denuncias anónimas recibidas y han acudido vivienda por vivienda para verificar si los pisos estaban realmente okupados.

En la parte contraria de la tabla se encuentran los distritos con mayor renta, como Retiro (ocho casos), Chamberí (8) y Chamartín (12). Una explicación es que hay menos viviendas vacías, estas cuentan con porteros o conserjes que avisan a la policía en caso de cualquier incidencia y por las medidas de seguridad de las propias casas, como puertas acorazadas o alarmas. Dentro de la parte baja, le siguen Moncloa-Aravaca (20) y Salamanca (22).

Fuenlabrada, a la cabeza

Fuera de la capital, Fuenlabrada encabeza la clasificación policial de los grandes municipios, con 160 viviendas okupadas, seguido de Leganés (134) y Móstoles (112). En este listado se cumple la misma premisa que en la capital: las localidades con mayor renta sufren menos usurpaciones de inmuebles. Pozuelo de Alarcón, con tres casos, y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, con 15, se encuentran al final de la tabla.

El proceso para expulsar a unos okupas suele ser largo y no baja de unos dos años. Desde que el propietario denuncia el delito (usurpación de bien inmueble, tipificado en el artículo 245 del Código Penal) se abre una instrucción judicial que termina en juicio y en la que los autores pueden ser condenados a penas de entre uno y dos años de prisión para quien ocupe un inmueble. La vía civil no resulta más corta. Una medida puesta en marcha este año son los juicios rápidos, de los que se han celebrado 280 en el último año, según datos de la delegada del Gobierno: “Esta modalidad permitió el desalojo inmediato de las viviendas”.