Arruinar al rival político

Se ha repetido mucho estos días la idea de que Neus Munté, una de las caras amables del Gobierno de Junts pel Sí, ha salido del Ejecutivo catalán porque su partido quiere reservarla para futuras apuestas. Se trataría de proteger a la que se supone que es una de las pocas buenas bazas electorales del PDeCAT de la persecución penal que se da por descontado que tendrán que afrontar los miembros del Gobierno de Puigdemont si intentan llevar a término el referéndum que preconizan.

Esta reserva indica que, por muy convencidos que estuvieran la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y el presidente, Carles Puigdemont, de que el 1 de octubre celebrarán su referéndum, esa convicción no va tan lejos como para suponer que el Código Penal español deje de ser efectivo el 2 de octubre en Cataluña. Y lo que de ello cuelga. Es decir, que los fiscales del ministro de Justicia, Rafael Català, seguirán teniendo jurisdicción en Cataluña. Que la Guardia Civil, o los Mossos d’Esquadra, tanto da, seguirán asegurando que los citados comparezcan ante el juez, etcétera, etcétera. Así es como se ha confirmado que la previsión del Gobierno catalán —no por lo que dice, sino por lo que hace— es prepararse para unas nuevas elecciones en las que presumen que sus actuales miembros pudieran estar inhabilitados legalmente.

También se ha considerado comprensible que los consejeros estén preocupados, tal como verbalizó sin tapujos el exconsejero Jordi Baiget, por la amenaza de perder su patrimonio en esta endiablada batalla. Éste es un aspecto particularmente sórdido de la actual coyuntura política. De siempre se ha sabido que la lucha por la patria, cualquiera que sea, exige grandes sacrificios. Incluso puede que el de la vida, cuando se trata de defenderla del enemigo en la guerra, en defensa de la libertad o en aras de la justicia. Si hasta la vida puede estar en juego en las grandes conmociones políticas, ¿cómo no va a estarlo la hacienda? En este país, además, hay experiencias relativamente recientes de pérdida de patrimonio por razones políticas. Es lo que les sucedió a miles de republicanos a los que la dictadura franquista confiscó bienes y haciendas después de ganar la guerra. Es también lo que tuvieron que afrontar no pocos luchadores antifranquistas en la última etapa de la dictadura, cuando la persecución policial iba acompañada a menudo de cuantiosas multas gubernativas.

Algo de todo eso sabe el predecesor de Puigdemont, Artur Mas, al que le ha caído ya una pena de inhabilitación legal para cargo público y sobre el que ahora pende la amenaza de un castigo económico por haber organizado la consulta del 9-N de 2014. Es un ilustrativo guiño de la historia que el miembro del Tribunal de Cuentas del Reino que va a ocuparse del expediente contra Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau sea la exjueza conservadora Margarita Mariscal de Gante, exministra en el primer Gobierno de Aznar. Y es ilustrativo porque se trata de la hija de uno de los que fue señaladísimo juez del Tribunal de Orden Público de la dictadura franquista, Jaime Mariscal de Gante. Es decir, un perseguidor de enemigos políticos. A veces hay rupturas en las tradiciones familiares, pero a veces no. El PP es, a fin de cuentas, el heredero de la nomenclatura estatal franquista, como es fácilmente comprobable tanto por las biografías y los apellidos de muchos de sus dirigentes como por el enfoque que ahora hace de la cuestión catalana como un mero asunto de Código Penal.

La amenaza de persecución económica de los líderes del movimiento independentista no es un detalle menor en la presente crisis constitucional. El Gobierno del PP lleva tiempo esforzándose en convertir a los dirigentes independentistas en meros delincuentes penales. Ahora, en plena escalada, sus portavoces, empezando por el presidente Mariano Rajoy, pretenden que la sociedad española identifique al independentismo catalán como un movimiento totalitario y antidemocrático. Quizá esto cuele fuera de Cataluña en los medios sociales sometidos a la lluvia continua de la propaganda gubernamental. En Cataluña, sin embargo, la estrategia gubernamental contra el independentismo se orienta a que cunda el miedo a la persecución económica. La ruina personal y familiar es lo que les espera a quienes dirijan un intento de salirse del Estado español. Este es el mensaje. El independentismo ha tocado hueso y esta es la respuesta. Lo aterrador del caso es que, según Rajoy, esta es la respuesta democrática.