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OPINIÓN

Misteriosas garantías

Si Puigdemont no logra garantías, mejor que no convoque el referéndum porque es de temer que serán solo para la CUP

Mañana termina la incertidumbre. Hasta ahora no tenemos la menor idea respecto al significado de la palabra garantías cuando sale de la boca presidencial de Carles Puigdemont. Es un significado tan vacío como la página de internet denominada garanties.cat, en la que se supone que se nos explicará en qué consisten los imprescindibles mecanismos necesarios para organizar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre.

La primera y más fundamental garantía para un referéndum, en el que el conjunto de una población decida separarse del único Estado democrático que ha conocido en su vida, no está escrita en ningún código ni contemplada por ninguna ley, y consiste en que sea todo el conjunto de población el que se sienta concernido y convocado a expresarse, y no solo una parte, por amplia que esta sea. Sin partidarios de mantener los lazos con España que se sientan impelidos a participar en el referéndum no tendrá legitimidad suficiente la expresión del deseo o voluntad democrática de quienes quieren separarse.

Una votación a la búlgara, por encima del 90 por ciento, solo se puede producir en países o territorios colonizados u ocupados, pero tiene nula credibilidad cuando se trata de sociedades modernas y plurales, donde hay sentimientos e identidades tan matizadas y compartidas como sucede en Cataluña, debidamente corroborados por las encuestas, elecciones y consultas informales hasta ahora celebradas. De ahí los esfuerzos de la campaña del por animar la campaña del no, tan intensos casi como los realizados para combatir a quienes se oponen a la idea misma de un referéndum.

Habrá que ver por tanto qué garantías dará mañana Puigdemont a quienes no quieren la independencia de Cataluña para estimularles a que vayan a votar. Si el presidente consigue convencerles, puede darse por seguro que el referéndum tiene el éxito asegurado, mientras que si ocurre lo contrario, por mucho que gesticule la CUP, no habrá dudas sobre su fracaso.

No será fácil convencer a quienes no quieren que Cataluña se constituya en una república aparte de España de que su opinión contará y de que es una justa abierta, es decir, que incluso su posición puede resultar victoriosa. En primer lugar porque llevamos ya cinco años de Proceso y no hace falta demostrar que la fiesta no se ha hecho para ellos, sino para los independentistas. A pesar de los devaneos entre el derecho a decidir e independencia, consultas y declaraciones unilaterales, cada una de las piezas de este artefacto, incluidos los medios de comunicación públicos catalanes, está pensada para alcanzar la independencia, no para que los catalanes se expresen y decidan sobre las cuestiones políticas que les conciernen.

Es de temer, por tanto, que las únicas garantías exhibidas por Puigdemont tengan como destinatarios a esos socios de la CUP que con tantas reticencias y reproches le sostienen —como la cuerda sostiene al ahorcado, por cierto. Hay antecedentes sobre el tipo de garantías de que se trata, especialmente en las explicaciones del ex juez Vidal y del ex cantante Llach respecto a la capacidad represiva de una supuesta legalidad catalana en posición de superioridad respecto a cualquier otra legalidad. También las hay en la moción parlamentaria de JxSÍ y CUP que prevé retirar las ayudas los medios que no accedan a publicar la publicidad del referéndum. Y en la vulneración de los derechos de los diputados y grupos parlamentarios que representan a la población más ajena o contraria al independentismo.

Estas garantías son iliberales, es decir, garantizan que el régimen que están engendrando no será en ningún caso una democracia liberal con división de poderes, Estado de derecho, primacía de la ley y esos 'controles y contrapesos' a la americana que incluyen unos medios de comunicación fuertes y capaces de criticar a los gobiernos en la línea de Thomas Jefferson, que prefería un régimen con prensa y sin gobierno que otro con gobierno pero sin prensa. Donald Trump ronda muy cerca de todo esto.

Las otras garantías son nítidas y no ofrecen espacio para la controversia. El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, las ha enumerado y analizado exhaustivamente. Hay una sola legalidad constitucional, que hay que cumplir. Hay que obedecer a los tribunales. No se puede reformar las leyes electorales durante el año anterior a una consulta como esta. No se puede celebrar un referéndum de autodeterminación de forma unilateral, sino que hay que pactarlo con el Estado del que se quiere separar. Es decir, debe ser constitucional y acordado. Con esta garantía los adversarios de la independencia de Cataluña se sentirían impelidos a ir a votar con la misma intensidad que lo harían los partidarios e incluso quienes todavía estas alturas no tienen una posición bien clara.

Si Puigdemont no las consigue, mejor que no convoque el referéndum porque es de temer que sus garantías serán solo para la CUP y excluirán a la mitad aproximada de la población catalana. En el momento en que suceda, el presidente habrá definitivamente dejado de serlo de todos los catalanes para convertirse en un mero jefe de partido.