Puigdemont se queda sin urnas tras la renuncia de los proveedores

El Gobierno catalán tendrá que buscar otra fórmula para adquirir las urnas del referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre. A tres meses de esa fecha, la Generalitat admitió este martes que el concurso que abrió para comprarlas ha quedado desierto. Las dos empresas que se habían interesado en suministrar las 8.000 urnas han desistido. La Generalitat, que aseguró que no cumplían criterios técnicos y económicos, afirma que buscará otras vías “con garantía” para conseguir las urnas. Según otras fuentes consultadas, una renunció a corregir los defectos de forma que le había planteado el Govern y la otra no entregó toda la documentación.

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Al tiempo que anunciaba que quedaba desierto el concurso para la compra de las urnas, el Gobierno catalán exigía al Ejecutivo central que deje de presionar a las empresas interesadas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no quiere admitir, y menos públicamente, que se haya presionado a ningún posible suministrador, pero al mismo tiempo recuerda las responsabilidades penales que puede acarrear participar en el referéndum.

A tres meses de la fecha fijada para la consulta, un problema más se acumula en la mesa de Carles Puigdemont, después de constatar las dificultades para que los catalanes expatriados puedan votar en el referéndum. El nuevo fracaso del equipo encargado de organizar la consulta ha tenido rápidamente una derivada política: las críticas de la CUP, que ha expresado su “más absoluta perplejidad”, y una reunión de urgencia de dos horas en el Palau de la Generalitat a la que han asistido, entre otros, Puigdemont y Oriol Junqueras, representantes de Junts pel Sí, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural. Y también, de forma excepcional, tres representantes de los anticapitalistas.

Del encuentro salió el compromiso de Puigdemont de que el problema de las urnas “se resolverá”. Horas antes, su portavoz, Neus Munté, había señalado que se buscaban otras vías para desbloquear la adquisición de urnas, cuya compra se confiaba hasta ahora a Plastic Express y la UTE formada por Espai World y Suministros Integrales Futbida. Entre las nuevas opciones se incluye la posibilidad de que Puigdemont y Junqueras firmen un decreto de compra, por lo que asumirían una posible responsabilidad penal. La fiscalía ya se querelló contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su número dos, Francesc Esteve, por iniciar el proceso para la compra de las urnas. Una vez decretado desierto el concurso, Borràs anunció que pedirá el archivo de la causa.

Diferencias en Junts pel Sí

La filtración del resultado del concurso mostró de nuevo la división existente en el seno del Gobierno, con el enfrentamiento entre las dos fuerzas de Junts pel Sí: el PDeCAT y Esquerra. Munté explicitó esas diferencias. “Lamentamos que esta información haya llegado antes por los medios de comunicación”, dijo, en una crítica, que ya no se esconde, a los republicanos, a quienes se acusa de no haber resuelto todavía la incógnita de cómo podrán votar los catalanes que residen en el exterior. Ahora es el PDeCAT quien ha fracasado, ya que la consejera Borràs era la encargada de adquirir las urnas.

El fiasco llega una semana antes de que Puigdemont presida un acto con el que su Gobierno quiere dar las claves de cómo se garantizará que el referéndum cumple los estándares internacionales y de cómo implementará su resultado, pese a que el Tribunal Constitucional lo prohibirá. De momento, tendrá que buscar con premura una alternativa a la compra de urnas.

Fuentes del Ejecutivo de Rajoy relacionaron la retirada del concurso por parte de la Generalitat con la decisión del pasado 20 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de admitir a trámite la querella contra Borràs y su número dos. En el Gobierno central se considera que las empresas interesadas inicialmente se han echado atrás por temor a ser consideradas penalmente cooperadoras necesarias de prevaricación, desobediencia y malversación. Hace algo más de una semana, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exigió a esas compañías —a través de la Guardia Civil— información exhaustiva sobre sus planes de colaboración con la Generalitat.