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La Fiscalía recurrirá la sentencia del ‘caso Guateque’ ante el Tribunal Supremo

El ministerio público entiende que la prueba de las grabaciones era “legítimamente” valorable

La Fiscalía va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia por el caso Guateque (una enorme trama de presunta corrupción de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que mercadeaban con las licencias municipales). A falta de redactar el recurso en su totalidad, el ministerio público entiende que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque considera que la grabación (la prueba principal que dio origen al proceso juidicial) era “legítimamente” valorable,

Los magistrados de la Audiencia Provincial que firmaron la sentencia que se hizo pública este lunes, consideraron nula la prueba de la grabación alegando que se consiguió “sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal”. Esa es la razón por la que han sido absueltos los 30 acusados en el proceso (a pesar de que tres reconocieron su culpabilidad). La sentencia también llega a decir que los agentes de la Guardia Civil actuaron de “mala fe” para conseguir la grabación. Los hechos que se juzgaron durante cuatro meses desde el pasado enero, sucedieron hace casi una década, durante la época como alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

De las 30 personas que se sentaron en el banquillo, 19 eran funcionarios del Consistorio. El fiscal solicitaba para todas ellas una pena conjunta de 250 años de cárcel. Se las acusaba de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios.

La trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos —al que se le imputaban 14 delitos—, el exjefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental. Pero también tenían un papel importante Mario Mínguez y Fernando Ruiz, dos funcionarios del área de Disciplina Urbanística, y José Antonio Jodar, funcionario de la Concejalía de Urbanismo. Según los investigadores, el funcionario municipal Carmelo García y el intermediario Santiago Castillo —a los que se les imputaban 12 delitos— eran los encargados de captar a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid, y les pedían dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento

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