Un juzgado falla en contra del alcalde que denunció a su propio Ayuntamiento por bajarle el sueldo

El alcalde del pequeño pueblo de Torres de la Alameda (8.000 habitantes) no se consideraba bien pagado cuando fue nombrado alcalde. “Gano más en mi puesto de economista del Ayuntamiento”, declaró a EL PAÍS el año pasado, cuando presentó el recurso contencioso-administrativo contra su bajada de sueldo. Por ese motivo, nada más comenzar la legislatura, planteó al resto de los grupos parlamentarios un incremento salarial. Y lo consiguió. El 19 de junio de 2015 el pleno del Ayuntamiento fijó su sueldo en 44.952 euros brutos anuales. La medida salió adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de Ciudadanos, porque las últimas elecciones dibujaron un municipio sin mayorías absolutas: seis ediles del PSOE, tres del PP, dos de Somos Torres y dos de Ciudadanos.

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Pero el PP no se rindió y presentó el 17 de febrero de 2016 una propuesta al pleno para retrotraer el sueldo a la cantidad que cobraba la anterior alcaldesa: 38.351 euros. Este grupo aducía que no tenía sentido que Sáez recortara ayudas sociales y al mismo tiempo se subiera el salario. Los populares argumentaron que la mala situación económica del municipio había provocado la eliminación de las ayudas para el mantenimiento y alquiler de viviendas de familias necesitadas y la reducción de la bonificación del IBI a las familias numerosas. Además, indicaron que la empresa municipal Remade había cerrado con el despido de la mayor parte de sus trabajadores.

El Pleno dio el visto bueno al recorte salarial, porque, en esta ocasión, Ciudadanos decidió decantarse a favor de la bajada. La portavoz de este partido, Pilar Zaragoza, explica que se abstuvieron en la primera votación —la que le incrementó el suelo— porque dieron al alcalde un margen de 100 días para comprobar si su trabajo merecía dicha subida. Finalmente, y viendo “el lamentable estado del municipio”, optaron por sumarse al resto de la oposición y apoyar la reducción del sueldo.

Los concejales del PSOE presentaron entonces un recurso potestativo de reposición en el Ayuntamiento, pero el pleno se lo echó atrás. A continuación, Sáez y su equipo se dirigieron al contencioso-administrativo. El recurso interpuesto en el Juzgado de lo contencioso número 17 de Madrid, se fundamentaba en que la fijación de la cuantía de las retribuciones compete al pleno, pero a propuesta del presidente; es decir, del alcalde. Algo que en ese caso no ocurrió. La sentencia de 31 de mayo de 2017 rechaza ese extremo y mantiene: “No cabe concebir que la modificación de las retribuciones de la alcaldía solo pueda ser debatida en el pleno a propuesta del alcalde”.

Los socialistas denunciaron también que la urgencia con la que fue presentado el punto no estaba justificada. “Si se ha esperado tres meses [desde la subida salarial] se podría esperar a otro pleno y meterlo en el orden del día”, indicó Sáez. El juzgado también rechaza este punto, y considera que se cumplió el reglamento. De esta forma, la sentencia declara ajustado a derecho el acuerdo del pleno que rechazó el recurso de reposición del alcalde, porque se invocaron unas razones objetivas y el pleno estimó la urgencia en la medida “sin que podamos apreciar causa de nulidad legal en ello”. Un portavoz del municipio indica que el PSOE está estudia si recurrirá el fallo.