El tribunal del caso Palau rechaza que el Consorcio acuse a Convergència

El tribunal que juzga el caso del expolio del Palau de la Música ha rechazado este viernes, para evitar una posible nulidad, la petición del Consorcio de esa institución musical de cambiar sus conclusiones para acusar ahora a Convergència. El órgano modificó el escrito definitivo que había presentado el 12 de mayo tras la presión del Ayuntamiento de Barcelona y el Parlament. El pasado martes la Generalitat se abstuvo en el Consorcio para facilitar la acusación a CDC, que ha sido finalmente desestimada por la Audiencia al presentarse fuera de plazo. En todo caso, la Fiscalía y la acusación popular señalan ya al partido por lucrarse con el expolio.

De nada ha servido el cambio de opinión del Consorcio del Palau. Este órgano, integrado por el Consistorio, la Generalitat y el Estado, elevó a definitivas el 12 de mayo sus conclusiones sobre el caso Palau. La posición del Consorcio fue entonces la de los últimos seis años: no señalar ni a Convergència Democràtica ni a su ex tesorero, Daniel Osàcar, por haber participado a título lucrativo de la sustracción de 24 millones de euros de la institución musical. No obstante, desde que el expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, confesaran el pago de comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a Convergència, la presión política ha ido en aumento.

El Parlament aprobó, con el apoyo de todos los diputados excepto los del PDeCAT, dos propuestas de resolución que instaban a la Generalitat a acusar a CDC en el proceso. Ante esta situación, y tras la presión del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio, la Generalitat decidió cambiar el sentido de los tres votos que tiene en el Consorcio (formado por 12 miembros de las distintas administraciones y del Orfeó Català). Los representantes del Ejecutivo catalán se abstuvieron y facilitaron que prosperara el cambio de posición auspiciado desde el Ayuntamiento.

De poco ha servido esta modificación del escrito, ya que la Audiencia de Barcelona no la ha aceptado por estar fuera de plazo. La propuesta de modificación del Consorcio solo ha sido aceptada por el abogado de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Incluso el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, ha considerado que no procedía aceptar la modificación, ya que el trámite de presentación de conclusiones ya había terminado.

Las distintas defensas del caso también han pedido al tribunal que desestime el cambio. El abogado de Daniel Osàcar y de CDC, Xavier Melero, ha llegado a decir que la decisión política de cambiar la posición del Consorcio deja “en ridículo” a los servicios jurídicos de la Generalitat. Melero ha alegado que se debían respetar los tiempos, y con tono beligerante aseveró: “A veces solamente el formalismo nos protege del peligrosísimo idealismo de burócratas y políticos”.

Después de escuchar a las partes, el tribunal ha considerado que el primer escrito de acusación del Consorcio ya fue llevado a conclusiones definitivas, y que, por lo tanto, se había hecho un trámite “preclusivo” que no puede modificarse. “Este concepto existe en derecho para dar garantías procesales a todas las partes”, ha explicado la presidenta de la sala, Montserrat Comas. “Igual que no podemos reabrir ahora un trámite de pruebas, tampoco podemos reabrir un trámite que quedó formalizado el 17 de mayo”, ha aclarado la magistrada, para advertir luego de que si reabría el trámite se podría pedir la nulidad del juicio.

La decisión de la Audiencia se ha conocido durante el debate en el pleno municipal de una proposición de Barcelona en Comú para apoyar al Consorcio en la decisión de acusar a CDC. Tras la sesión, el teniente de alcalde de Derechos Civiles del Ayuntamiento, Jaume Asens, ha anunciado que el consistorio pedirá responsabilidades a la Generalitat, al considerar que el cambio de voto del Gobierno catalán llegó demasiado tarde. En concreto, pedirá responsabilidades patrimoniales a los tres representantes de la Generalitat en el Consorcio si el Palau no es resarcido por CDC con los 6,6 millones de euros que, según la fiscalía, el partido cobró en comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Tras la decisión del tribunal, se han elevado a definitivas las conclusiones de las defensas, en las que el abogado de Fèlix Millet, para quien la Fiscalía pide 14 años y nueve meses de cárcel, mantiene su petición inicial de menos de dos años de prisión para el ex responsable del Palau de la Música. La defensa de Jordi y Gemma Montull ha aceptado la reducción de condena planteada por el ministerio público, de 10 años y 10 meses para el primero y de tres años de cárcel, uno de ellos sustituible por multa, para su hija. No obstante, Jorge Navarro, abogado de los Montull, ha presentado una conclusión alternativa en la que solicita menos de un año de cárcel para cada uno de ellos, en aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión.