El Gobierno regional pide 8 millones a empresas que dieron cursos de formación

l informe de la Cámara de Cuentas fiscaliza las subvenciones entregadas por la Comunidad de Madrid a empresas, asociaciones empresariales, sindicatos y otras entidades para financiar acciones formativas en los ejercicios 2010 a 2013. Dentro de ellas se diferencia entre la formación continua, dirigida preferentemente a trabajadores ocupados (el 40% de las plazas pueden ser utilizadas por desempleados), y la ocupacional que tiene como objetivo la inserción o reinserción laboral de trabajadores desempleados.

En los años auditados, se invirtió en formación continua 131 millones de euros. El sistema establecido determina el pago anticipado a las empresas adjudicatarias del 100% de la subvención “sin exigencias de garantías”, dicen los auditores.

Una vez que se lleva a cabo el curso correspondiente, la entidad beneficiaria (quien haya impartido la formación) debe justificar en qué se ha gastado el importe recibido. A continuación, se procede a la liquidación, y, en caso de que se detecten irregularidades, la empresa deberá reintegrar al Gobierno regional el monto que le corresponda. El sistema utilizado en la formación continua —en el que se les entrega todo el dinero sin comprobar que los datos son correctos—, ha provocado que se “hayan producido numerosos expedientes de reintegro”, explica el informe.

Esta situación genera importantes riesgos de “no recuperar los importes pagados en exceso”, bien porque las empresas se declaren insolventes o al prescribir el derecho de la Administración a reclamar el monto.

Además, el Gobierno regional acumula un importante retraso en el cobro de los importes que les deben estas sociedades. A 30 de abril de 2016, añaden los auditores, solo se había obtenido el 17,4% de los reintegros exigidos, y un 4,1% resultó incobrable. “Todavía está pendiente de cobro del 78,5%”. El total solicitado por la Comunidad de Madrid en el periodo 2010 a 2013 asciende a 7,9 millones.

Para complicar más la situación, a 30 de abril de 2016 se habían liquidado una parte ínfima de los cursos de los años auditados. Ese retraso permite al beneficiario solicitar de nuevo una subvención sin terminar de justificar las concedidas en ejercicios anteriores, añade el informe.

Retrasos importantes

Los importantes retrasos que se detectan en algunos años, se deben sobre todo a las investigaciones que se abrieron a raiz de la detección de importantes irregularidades en los cursos de teleformación (caso Aneri desvelado por EL PAÍS). Como consecuencia, se abrió una investigación policial y judicial que todavía no ha terminado. La Consejería de Economía, por su parte, encargó un informe a una auditoría externa. En este escenario, los expedientes liquidados o cerrados a 2011 llegan solo al 11,4%.

Al año siguiente, se produce otro parón en la revisión de las justificaciones de los gastos debido a que se implementó un nuevo sistema informático que no estaba suficientemente probado. En 2013, las empresas presentaron la documentación, “pero no se ha revisado ni uno”, puntualiza la Cámara de Cuentas. Y, en abril de 2016, se encontraban cerrados el 54% de los planes formativos, indican los auditores públicos.

En el caso de la formación ocupacional (para desempleados) la situación varía. Los reintegros son “mucho menores” que en los cursos para empleados, debido a la propia mecánica del pago, que no permite el abono de las subvenciones hasta que no se ha revisado la documentación que demuestra que el curso se ha llevado a cabo.