¡Vaya semanita!

Tomo prestado el título del programa de humor que emite desde 2003 la segunda cadena de Euskal Telebista, porque creo que califica y resume diversos acontecimientos que, relacionados con el PSC, se acumularon a lo largo de la pasada semana.

El primero, y uno de los de más calado, trascendió el miércoles 10: era la sentencia —unánime, por supuesto— del Tribunal Constitucional anulando la ley de Consultas Populares por vía de Referéndum, aprobada por el Parlamento catalán en 2010. Es decir, que no se trataba de una iniciativa hija de las mayorías “sediciosas” y “separatistas” existentes desde finales de 2012, sino de una ley impulsada por el segundo tripartito de izquierdas y votada sin vacilar por los entonces 37 diputados del PSC, con el presidente José Montilla a la cabeza.

Así las cosas, hubiera sido esperable una reacción enérgica del Partit dels Socialistes, siquiera en defensa de su historia política reciente. Los de Iceta podían haber argumentado que la ley de 2010 no tenía ningún propósito de quebrar el marco constitucional, y que atribuírselo es un agravio a la larga trayectoria del PSC en defensa de ese marco. O, alternativamente, hubiesen podido denunciar la voluntad del TC de asfixiar la capacidad legislativa del Parlament de Cataluña, a base de recelar intenciones autodeterministas incluso con carácter retroactivo. Sin embargo, el partido optó por el silencio, y el expresidente y senador Montilla tampoco juzgó oportuno hacer ningún comentario.

Al día siguiente, jueves, el protagonista del lío era el hombre fuerte del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y regidor de Cultura, Jaume Collboni. Resultó que la agencia After Share del publicista Risto Meijide (la misma que atendió en 2015 la campaña electoral de Collboni) había preparado, por encargo municipal, una acción de fomento de la lectura consistente en enviar un contenedor lleno de libros... a Donald Trump, bajo el lema Open your mind. Es difícil reunir en una sola idea tanto tópico, tanta banalidad, tanta corrección política, tanta pose vacía de contenido. Antes de que terminase la jornada, la “audaz” campaña estaba retirada.

El viernes 12 fue el turno del diputado del PSC y secretario segundo de la Mesa del Parlament, David Pérez: En una tertulia radiofónica la noche anterior, había asegurado contra toda evidencia empírica que Esquerra Republicana no tenía interés en abrir las fosas de la Guerra Civil, porque los cadáveres desenterrados serían sobre todo de “españoles”. Si, en términos historiográficos, la “revelación” es, sencillamente, patética (sabemos desde hace décadas que la Cataluña de 1938-39 albergaba un millón de refugiados civiles y cientos de miles de militares, llegados todos ellos del resto de la República), en términos políticos e intelectuales el episodio ilustra el ínfimo nivel al que ha caído el otrora poderoso aparato socialista metropolitano, a cuyo abrigo vive el señor Pérez desde hace un cuarto de siglo. Incapaz de salir por sí solo del jardín en que se había metido, el diputado Pérez hubo de ser desautorizado por sus correligionarios.

Pero lo peor estaba por llegar. Lo hizo el domingo 14, cuando el articulista José Antonio Zarzalejos dio cuenta en La Vanguardia del creciente “malestar en Ferraz con el PSC”, del cabreo de los susanistas ante la falta de “neutralidad” de Iceta y los suyos en el proceso de primarias socialistas (el resto de las organizaciones territoriales han sido, como se sabe, de una imparcialidad exquisita...), de la resistencia —en el PSOE— a la posibilidad de que sean los afiliados del PSC quienes decidan el ocupante de la secretaría general. El artículo incluía, conscientemente o no, una demoledora carga de profundidad: “si Pedro Sánchez, al final, consigue la secretaría general por los votos de la militancia del PSC (14.000 sufragios potenciales), el conflicto sobre la legitimidad de su designación no resultaría descartable en absoluto”.

O sea, que los votos de los socialistas catalanes —pese a haber abjurado de cualquier forma de consulta, pese a confundirse ya con PP y C’s dentro del bloque unionista, pese a las contorsiones de Iceta— no están legitimados para determinar quién lidera el PSOE, porque no son del PSOE, sino de un partido federado, y por consiguiente deberían haber sido excluidos de las primarias.

Tras haber sentado esta doctrina de raigambre pimargalliana, ¿alguien desde el PSC o el PSOE osará todavía sostener que la respuesta al procés es una reforma federal (sic) de la Constitución?

Joan B. Culla es historiador.