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La prometida Seguridad Social catalana cae en el olvido

La ley, que se anunció clave para "desconectar" de España, deriva en una agencia autonomista

Junqueras, Puigdemont y un secretario del Tribunal Superior de Cataluña.
Junqueras, Puigdemont y un secretario del Tribunal Superior de Cataluña. EFE

La ley de la Seguridad Social Catalana, que prometieron Junts pel Sí y la CUP, ha quedado en agua de borrajas a los 16 meses de anunciarse. Estaba llamada a ser uno de los pilares legales de la futura república catalana, pero lo que ahora tramita el Parlament es una proposición de ley para crear un organismo que gestione las prestaciones sociales que son competencia de la Generalitat, similar al que ya existía con el tripartito y que tienen otras autonomías. La ponencia de la que debe salir ese texto lleva cuatro meses sin reunirse y no hay fecha para reanudar los trabajos.

La distancia que separa el escenario prometido por el independentismo y la realidad tiene su origen en los acuerdos de la Mesa del Parlament del 1 y 8 de marzo, cuando se pusieron en marcha las ponencias para redactar las leyes que servirían para “desconectar de España” y crear estructuras propias de Estado: la de Transitoriedad Jurídica, la de Protección Social Catalana y la de la Administración Tributaria de Cataluña.

El Tribunal Constitucional anuló la creación de las tres ponencias en diciembre de 2016 y dio la razón a la oposición, al considerar que se vulneraron los derechos de los diputados. Pero para entonces, Junts pel Sí y la CUP ya habían cambiado su estrategia, por lo que la ley que tenía que crear la Seguridad Social de la Cataluña independiente mutó en una proposición de ley de la Agencia Catalana de Protección Social. La ponencia para crear dicha agencia se creó en junio de 2016 y nació para hacer los trabajos por el trámite de urgencia, que reduce a la mitad los plazos ordinarios, pero lo cierto es que está paralizada desde hace cuatro meses, sin que exista fecha para reanudarse.

De la Hacienda propia al Código Tributario

Otra de las leyes de desconexión anunciadas, la de la Administración Tributaria Catalana, también ha sufrido una mutación estos meses y ha quedado reducida a la redacción de un Código Tributario y tres libros relativos a la administración tributaria de la Generalitat. En esa ponencia participan todos los grupos parlamentarios, que ya han presentado enmiendas, y se reunirá este lunes.

El PP y Ciudadanos no participan en la ponencia. El PSC y Catalunya Sí que es Pot presentaron una enmienda a la totalidad con un texto alternativo, pero Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría para rechazarlo. El redactado está prácticamente acabado después de que comparecieran diversos expertos.

La agencia que nacerá de esta ley será un organismo de estilo autonomista, que ya tienen otras comunidades, y que gestionará todas las prestaciones sociales que sean competencia de la Generalitat, como ya hacía el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) que creó el Gobierno tripartito y que eliminó en 2015 Artur Mas con sus recortes sociales.

El discurso del independentismo es bien distinto. Se asegura que se están poniendo los pilares de la Seguridad Social catalana y que ese organismo es un “contenedor” desde el que se pagarán hasta un total de 169 prestaciones en la Cataluña independiente que ahora ofrecen diversas Administraciones, incluidas las pensiones de jubilación.

“Todo lo que está ocurriendo es una gran impostura y demuestra la insolvencia de este Gobierno. Se pretende crear la Agencia Catalana de Protección Social sin que exista memoria económica ni informe jurídico, porque el texto lo impulsan los grupos, no la Generalitat”, asegura la socialista Eva Granados.