La oposición ampliará su denuncia del Canal ante la Fiscalía

Los diputados detectaron posibles ilícitos legales en la compra por la que el Canal abonó 21,5 millones en 2013; un mes después la empresa su valor patrimonial era mitad de ese importe; y al año, una cuarta parte. La oposición cifraba el quebranto económico en 35 millones.

Poco después, el 19 de abril, estalló el caso Lezo con la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que continúa en prisión. A la vista de los hechos, los parlamentarios madrileños han decidido aportar más datos que han obtenido en las investigaciones que están llevando a cabo desde hace meses en la comisión de endeudamiento.

“Hemos constatado que existen contradicciones” entre la información que aparece en el auto judicial y en los documentos que obran en su poder. Entre ellas, los diputados se han referido al papel de la empresa de auditoría KPMG en la adquisición de Emissao. La diputada socialista, Mercedes Gallizo, ha recordado que el 18 de octubre del año uno de los responsables de KPMG, Guínea López, aseguró a los parlamentarios que su empresa no había realizado ninguna valoración de la misma y que se había limitado a supervisar si se encontraba bien valorada contablemente. Sin embargo, el juez Eloy Velasco expone en el auto de la operación Lezo que existe un informe de esa firma de auditoría cuyo contenido desaconsejaba la adquisición.

También dudan de si la misma empresa realizó trabajos de auditoría y consultoría que pudieran ser incompatibles. Los diputados han detectado la existencia de asesorías en el Canal encargadas por Luis Fernanda Richmond (exdirectora financiera de la empresa, también detenida en el caso Lezo) de las que no han conseguido obtener los informes, “porque se trataría de consultas verbales”, ha indicado Gallizo. Esta circunstancia, les hace sospechar que pudiera haber existido “malversación de fondos públicos”, ha señalado Gallizo.