Nace en Barcelona un sindicato de inquilinos: “Hemos dicho basta”

"Hemos dicho basta, si los propietarios siempre han estado organizados, es hora de que los inquilinos también lo hagamos. En Barcelona somos 200.000 familias y si nos organizamos podemos conseguir un cambio histórico". Con estas palabras, y tras recordar los datos que avalan que en Barcelona se está produciendo una burbuja en los precios del alquiler que expulsa a vecinos, ha defendido este martes Jaime Palomera la creación del Sindicato de Inquilinos en la capital catalana.

Palomera es uno de los portavoces de la iniciativa, inspirada en los Tenance Unions que existen en otros países europeos, e impulsada en Barcelona por entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), el Observatorio Desc (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) o colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, como 500x200 o Desllogades. En Suecia, el sindicato de inquilinos tiene 580.000 afiliados y fija los precios, negociando tanto con los propietarios del parque privado como con las administraciones a las que pertenece el público. El Ayuntamiento de Barcelona ha aplaudido la iniciativa y ha dicho que está "en sintonía" con las políticas que promueve y las demandas que hace.

El Sindicato de Inquilinos, que este martes se ha presentado ante la prensa pero celebrará su primer acto público el próximo viernes, busca "ser una voz ante las administraciones y los propietarios para defender la vivienda como derecho ante quienes la consideran una mercancía". Entre otras cuestiones, han explicado, defenderán que haya un control de las rentas o contratos más estables que los tres años que fija la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Además, como cualquier otro sindicato, el de Inquilinos se movilizará para denunciar las situaciones que se están produciendo que afectan al derecho a la vivienda y ofrecerá "asesoramiento técnico y jurídico tanto de forma individual como colectiva". La cuota base para afiliarse será de 30 euros anuales, aunque habrá tarifa social de 15. Además, el Sindicato pondrá en marcha un crowfunding para recaudar 20.000 euros con los que pagar el coste de remunerar a expertos jurídicos.

En su manifiesto fundacional, el sindicato también alude a la huelga de inquilinos que se produjo en 1931. Y a la pregunta de si tienen pensado impulsar una movilización parecida sus portavoces han respondido que no lo descartan: "Emplearemos todos los medios que estén a nuestro alcance para presionar a las administraciones y privados que se están lucrando", ha dicho Palomeras.

Irene Sabater y Lourdes García, también portavoces del sindicato, han explicado que la burbuja de alquiler afecta a todos los barrios de Barcelona, donde ya no es posible encontrar pisos por debajo de los 800 euros, cuando un tercio de la población tiene ingresos inferiores. En este sentido, han pedido a las administraciones "valentía y que defiendan el uso residencial de los edificios priorizando el derecho a la vivienda". Sabater ha aludido a las tres injusticias que se producen, en su opinión: "Injusticia de precios, con una presión que aumenta y que expulsa a vecinos; injusticia en la legislación, con contratos cortos; y la que está multiplicando los casos de violencia inmobiliaria, con grandes subidas al finalizar los contratos o edificios que son comprados por inversores que expulsan a los vecinos".

Apoyo del concejal de Vivienda

La noticia de la creación del Sindicato de Inquilinos ha sido celebrada por el concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Josep Maria Montaner.  "Es una muy buena noticia que servirá para reforzar el papel del alquiler en Barcelona. Es más necesario que nunca", ha dicho, ante las subidas del alquiler que se han producido en la ciudad. Montaner ha subrayado que el consistorio que capitanea la alcaldesa Ada Colau comparte las reivindicaciones de la nueva organización: un índice de precios de referencia, ampliación del plazo de los contratos que prevé la LAU o fomento del parque público de pisos de alquiler. "Es un elemento positivo de refuerzo de la capacidad crítica de la ciudadanía para defender el derecho a la vivienda y que no se produzca la expulsión de vecinos", ha concluido.