La auditoría del Open de Tenis se dio a dedo para mantenerla en secreto

El informe costó 100.000 euros y sirvió de base para presentar una denuncia sin conocimiento de la alcaldesa

FOTO: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el edil Carlos Sánchez Mato en el pleno. / VÍDEO: Declaraciones de Begoña Villacís.SAMUEL SÁNCHEZ / EFE (reuters_live)

Dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, dirigentes de la empresa municipal que gestiona el Open de Tenis, encargaron unas semanas antes de ser destituidos por Manuela Carmena dos auditorías externas para averiguar presuntas irregularidades en el torneo. Los informes costaron 100.000 euros y sirvieron de base para presentar en marzo una denuncia ante la fiscalía sin conocimiento de la alcaldesa, Manuela Carmena. Los dos bufetes privados fueron elegidos a dedo por su "discreción" y porque el Ayuntamiento no contaba, en teoría, con expertos en Derecho Penal.

La denominada Memoria justificativa del gasto correspondiente al asesoramiento jurídico de Madrid Destino, que desvela EL PAÍS, es el documento oficial que sirvió a los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la consejera delegada de la empresa municipal que organiza el Open de Tenis, para encargar a dos bufetes privados el informe sobre las supuestas irregularidades en la gestión del torneo.

En esa memoria, firmada por Ana Yánez, directora del Área Legal de Madrid Destino, se señala que "debido a la sobrecarga de trabajo" de los abogados municipales y a la necesaria "discreción" de los bufetes seleccionados para llevar a cabo la auditoría, se elegía, sin que fuera necesario pedir ofertas, a los despachos de Juan Manuel Ruiz Sanza y Joaquín de Fuentes Bardají.

"La confidencialidad es uno de los elementos principales de la tutela de los derechos, que se vería muy afectada, si no eliminada, en el supuesto de recabar distintas ofertas a diferentes profesionales por vía telemática y sin tener garantizado el secreto profesional", indica. Y añade: "Además y ahondando en este aspecto, tampoco se podría saber con certeza quién recepciona la solicitud de oferta. El mero conocimiento de que se está solicitando un dictamen jurídico penal (...) puede impedir que dicho estudio tenga virtualidad".

De esta manera, Mayer, Mato y Valera ocultaron al gobierno municipal el encargo de dos informes que buscan "la vía penal" contra el exalcalde Alberto Ruiz-Galardón (PP), que fue quien puso en marcha el máster de Tenis.

En noviembre de 2016, Varela encargó un primer informe al bufete Nazaret 6. Sin embargo, en dicho documento, el bufete descartó que en el convenio del Open de Tenis existan ilícitos penales. Detectó, eso sí, falta de seguimiento en el impacto mediático y un posible caso de desvío de fondos, pero no aportó pruebas. Aconsejó analizar más documentación.

Tres meses después, Varela pidió una nueva auditoría. El encargo se registró el 20 de febrero de 2017, cuando la posible sustitución de Mayer en el Área de Cultura era ya más que probable (su destitución se llevó a cabo en marzo). La edil, siempre a través de Varela, habló con el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes Abogados para que redactara otra auditoría.

Este bufete sí detectó posibles irregularidades penales. En concreto, un gasto creciente en pocos años por parte del Consistorio, considerado injustificado. Si en 2009 la capital abonó 5,3 millones de euros por quedarse con el máster, al año siguiente esa cuantía se duplicó hasta los 10,4 millones de euros. Se obviaba, no obstante, que la ciudad recibe como retorno (fundamentalmente el precio de su promoción por todo el mundo) más de 90 millones de euros por evento.

En virtud de este presunto sobrecoste, Mato, Mayer y Varela presentaron el 23 de marzo —después de que Carmena ya hubiera anunciado la destitución de Mayer— una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Madrid Trophy Promotion, la empresa privada que gestiona el torneo. Pocos días después, se filtró a dos medios el informe del segundo bufete. Estalló el escándalo justo el día antes de que comenzase el máster de tenis. Nadie sabía nada, ni el gobierno municipal ni los consejeros de Madrid Destino.

100.000 euros

La memoria del gasto de este segundo informe revela que Madrid Destino pagó 50.000 euros por la auditoría al bufete. Otros 50.000 se habrían entregado por "anexos" vinculados a la asistencia legal. Esta cuantía es la máxima establecida para que una empresa municipal pueda contratar sin acudir al concurso público. Tampoco está permitido fraccionar el gasto de una misma operación.

El encubrimiento de la denuncia, así como su filtración, desvelan, según algunos observadores cercanos al gobierno, un desafío a la alcaldesa y a su entorno. Mato y Mayer forman parte del grupo de ediles críticos con Carmena, y no son pocos los que piensan que esa denuncia fue una venganza por su destitución.

Horas después de la filtración, el gobierno municipal evitó aclarar los hechos. En rueda de prensa, la portavoz del Consistorio, Rita Maestre, no dio detalles sobre la denuncia. Se limitó a decir que el Ayuntamiento no se personaría en la causa y que el torneo no se anularía. Este viernes, la alcaldesa admitió que no sabía nada.

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